SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha instado este jueves a la Junta a demandar al Gobierno central que derogue la ley que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, hasta que no se dote de los medios personales y materiales para poder llevarla a efecto.
Esta petición se formula en virtud de una proposición no de ley defendida por el PSOE-A y que ha contado con el apoyo de Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y el rechazo del PP-A. El debate ha sido seguido en la tribuna de invitados por representantes de la Brigada Tuitera, una plataforma reivindicativa en materia de justicia.
La Cámara también ha reclamado que se constituya una comisión institucional formada por juristas, tanto jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores, catedráticos y movimientos sociales para que, en el improrrogable plazo de seis meses, se presente un texto que reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la adecue a los tiempos actuales para que sea debatida y consensuada por todos los grupos parlamentarios.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A María Jesús Serrano ha indicado que jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y demás intervinientes jurídicos están de acuerdo, y además así está recogido en nuestra Constitución, en que los justiciables tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y que los poderes públicos tienen que conseguir que dichos derechos se cumplan y se tenga una respuesta por parte de la Justicia en el tiempo necesario para aplicarla, no con dilaciones indebidas.
Serrano ha acusado al Gobierno central de realizar una reforma "parcial" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin tener un amplio consenso parlamentario y sin dotación presupuestaria para poder conseguir los plazos indicados en dicha reforma para la realización de la instrucción de los procesos penales.
"Padecemos un proceso penal desestructurado, que avanza a un ritmo desesperadamente lento, incompatible con las exigencias de celeridad y eficacia, lo que ocasiona a la postre una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso, incluso entre los propios jueces que se ven muchas veces atrapados en un laberinto del que les resulta difícil salir", ha señalado.
El diputado del PP-A Ramón Ferreira ha dicho que el PSOE-A no tiene "credibilidad ni pudor" para hablar de esta tema y ha subrayado que esta iniciativa en la que hablan de dilaciones indebidas y justicia con garantías se registró el mismo día que la juez que ha investigado los "mayores casos de corrupción", Mercedes Alaya, decía que la Junta le puso "todas las trabas del mundo" en sus peticiones.
Así, tras considerar "temeraria, atrevida y llena de demagogia" la citada proposición no de ley, el parlamentario del PP-A ha indicado también que no se trata de una iniciativa propia del PSOE-A sino de "un encargo de Ferraz, que ha pedido a sus grupos parlamentarios que lleven iniciativas similares a sus cámaras para hacer ruido sobre este tema y hacer así una estrategia de oposición al Gobierno".
El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha explicado que su grupo no ha presentado enmiendas a esta iniciativa porque la que les gustaría no puede tramitarse: "prohibir a los señores del PP de Madrid legislar en materia de justicia". En su opinión, con esta reforma se ha seguido la política de George Bush hijo, quien ante una oleada de incendios forestales propuso talar los bosques para que no hubiera más.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha mostrado el apoyo a la iniciativa del PSOE-A y ha dicho que el PP ha vuelto a legislar "de espaldas" a la sociedad porque en la modificación legislativa se recoge "todo lo contrario" de lo que se pide. "En materia de justicia no dan una", ha apuntado la parlamentaria, quien ha calificado la citada reforma como "un apaño y algo chapucero".
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha explicado que la reforma de esta ley, que era necesaria y que había generado una expectativa positiva, ha quedado finalmente "en nada" por no tener el calado y consenso necesario. En su opinión, "los retoquitos" de la citada normativa se han realizado teniendo más en cuenta "la presión mediática sobre determinados procesos que afectan a personas concretas que las necesidades de la sociedad en general".
