El Parlamento respalda el acceso de los ciudadanos a la información de cualquier institución pública

 

El Parlamento respalda el acceso de los ciudadanos a la información de cualquier institución pública

Francisco Álvarez de la Chica, este miércoles
EUROPA PRESS
Actualizado 27/02/2013 19:54:21 CET

Reclama que Junta y Gobierno asuman los contenidos del convenio europeo sobre acceso a documentos públicos

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de Ley del PSOE-A en la que se insta a la Junta a recoger en la futura ley de Transparencia andaluza, los requerimientos establecidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos del año 2009, y que el Gobierno de la Nación también lo suscriba, puesto que es uno de los pocos países que no lo ha hecho. Dicho convenio recoge entre sus principios la posibilidad de que los ciudadanos accedan a la información de cualquier institución pública.

Según el PSOE-A, el citado convenio europeo marca los estándares mínimos que debe cumplir una ley europea de acceso a la información y plantea nueve principios que son muy exigentes con las administraciones públicas en relación con la transparencia.

Por ejemplo, se recoge que el derecho a la información es un derecho de todos los ciudadanos, sin exclusión, sin ningún elemento condicional de nacionalidad o de posición de residencia. El derecho a la información se aplica a todas las instituciones públicas, a todas las que gestionan fondos públicos, sin exclusión por el rango que ostenten. En este punto, el PSOE-A defiende el acceso de los ciudadanos a la información también de la Casa Real.

El diputado del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que los preceptos del citado convenio, que ya han suscrito mucho países de Europa, obligan a todos los ámbitos instituciones a los que llegan los recursos públicos a dar cuenta detallada y transparente de lo que se hace con cada uno de los recursos que llegan de los impuestos de los ciudadanos.

Ha señalado nos encontramos ante la quiebra de un modelo de convivencia que ha desembocado en una pérdida de confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos y, ante situación, existe la oportunidad de recuperar la confianza en lo público, de romper esa desafección y ese alejamiento que sienten los ciudadanos hacia sus instituciones y devolverle la confianza y la esperanza en la democracia.

Para Benítez, el Gobierno central está realizando una gestión totalmente "opaca y sectaria" de la información pública y ha señalado que la Junta de Andalucía va por otro camino con su futura Ley de Transparencia. En su opinión, la sociedad actual demanda poderes públicos transparentes y responsables, que rindan cuentas claras sobre lo que hacen, por qué lo hacen y sobre todo, cómo y cuánto gastan al hacerlo.

La diputada del PP-A Ana María Corredera ha indicado que la iniciativa del PSOE-A es una propuesta de "cara a la galería" y ha estimado que ese partido ha perdido una oportunidad para decir a los ciudadanos hasta dónde está dispuesto a llegar en materia de transparencia. Ha señalado que no puede compartir con los socialistas que haya una quiebra del modelo de convivencia y que sea la causa de la pérdida de la confianza de los ciudadanos en la política.

Según Corredera, lo que genera esa pérdida de desconfianza es la mala gestión de los políticos, los casos de corrupción, la mala utilización de los fondos públicos y los escándalos. En su opinión, la iniciativa del PSOE-A se ha quedado "cortita". Ha apuntado que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no suscribió ese convenio europeo, que entró en vigor en 2009, y ha puesto de manifiesto el compromiso del actual Ejecutivo con la transparencia.

La diputada del IULV-CA Inmaculada Nieto ha manifestado que es urgente adoptar decisiones que aporten claridad y controles eficientes sobre el sistema, con el fin de superar el descrédito generalizado que padecen las instituciones. Ha señalado que la ciudadanía debe exigir más controles, más participación y una implicación activa en la toma de decisiones de los poderes públicos.

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