Pastor y Zoido acuerdan el pago de las aportaciones estatales a Nuevo Amate

 

Pastor y Zoido acuerdan el pago de las aportaciones estatales a Nuevo Amate

Ana Pastor y Zoido.
F.RUSO
Actualizado 15/09/2014 13:02:08 CET

El Estado aporta 7,03 millones de euros después de haber abonado anteriormente 8,4 millones

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han suscrito este lunes un convenio gracias al cual el Estado aporta los 7,03 millones de euros que restaban de pago, merced a sus compromisos económicos en la operación promovida entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento hispalense, para demoler las antiguas viviendas del barrio de Regiones Devastadas y construir las 220 nuevas viviendas protegidas que conforman actualmente la barriada de Nuevo Amate.

La ministra de Fomento y el alcalde hispalense han firmado este lunes un convenio en el Ayuntamiento hispalense, con relación a la operación de regeneración del antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio, como se recordará, fueron demolidas y en su lugar fueron levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa).

El coste de la operación, según ha explicado el primer edil, fue dividido entre unos 15,5 millones de euros a aportar por el Ministerio de Fomento y más de cuatro millones de euros con cargo al Ayuntamiento. Después de que el Ministerio de Fomento abonase en el pasado 8,4 millones de euros como primera entrega de su participación en esta operación, este lunes, la ministra del ramo y el alcalde han suscrito un acuerdo mediante el cual el Estado aporta los 7,03 millones de euros que tenía pendiente de ingresar.

POR PARTES

El 45 por ciento de estos 7,03 millones de euros, es decir más de tres millones de euros, serán abonados por el Estado prácticamente "de inmediato", mientras el 55 por ciento será ingresado cuando la Administración local remate los trabajos del barrio de Nuevo Amate y justifique el gasto de la totalidad de los fondos incluidos en la operación.

Gracias a este acuerdo, según el alcalde, se pone "fin a la financiación" del proyecto de regeneración de la antigua barriada de Regiones Devastadas, pero como bien señala el primer edil, en la capital andaluza "hay mucha infravivienda", por lo que es necesario "continuar con la reconstrucción" de las antiguas barriadas de viviendas sociales de la capital andaluza.

Ana Pastor, de su lado, ha manifestado que la operación de regeneración del antiguo barrio de Regiones Devastadas "es uno de los acuerdos más importantes" en los que participa en Estado en materia de rehabilitación de viviendas, un proyecto "de progreso y desarrollo urbano" con un papel especial "en la agenda social del Gobierno" central del popular Mariano Rajoy. La construcción de los nuevos bloques de viviendas, según ha abundado, ha incluido además la reurbanización de todo el entorno y la instalación de nuevas "zonas verdes y equipamiento" en este espacio del distrito Cerro Amate.

"Hacemos un esfuerzo en tiempos de crisis para garantizar el derecho a la vivienda", ha enfatizado la ministra recordando los 15,5 millones de euros destinados por el Estado para esta operación.

LAS VIVIENDAS DE NUEVO AMATE

Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas de Regiones devastadas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, los datos ofrecidos el pasado mes de enero por el Ayuntamiento señalaban la entrega de 104 de las 220 viviendas y reserva en otros 15 casos, siendo destinadas las restantes 101 VPO al procedimiento reglado de adjudicación de viviendas protegidas. Buena parte de los inquilinos originales, así, no ejerció su derecho a habitar las nuevas viviendas y optaron por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.

Estas viviendas protegidas, por cierto, fueron objeto de un episodio de ocupación protagonizado por un grupo de personas bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto. La imputación de estas personas por un presunto delito de usurpación, pues no contaban con título alguno para habitar estas viviendas protegidas, propició finalmente que depusiesen su actitud.

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