Pérez Tapias señala que la Administración andaluza necesita nuevas herramientas para mejorar la gestión de los recursos

Actualizado 26/02/2013 20:01:33 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias, ha señalado en la clausura en Sevilla de la VIII Conferencia Bienal Internacional de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas 'Evaluación, Transparencia y Democracia' que la evaluación es "una herramienta clave al servicio de la planificación y de la gestión, cargada de valor añadido porque identifica los elementos necesarios para las mejores prácticas y permite establecer las medidas oportunas para superar las dificultades".

Según indica la Junta en una nota, en este sentido, ha comentado que el Gobierno andaluz, en desarrollo del artículo 138 del Estatuto de Autonomía andaluz, "debe incorporar a su modelo de gestión las herramientas de planificación-evaluación que permitan garantizar la máxima eficiencia del gasto público".

Partiendo de esta premisa, y desde la concertación con los agentes económicos y sociales, Pérez Tapias ha explicado que entre las posible pautas para la elaboración de las nuevas herramientas estarían, entre otras, la de "disponer de información puntual, detallada y concreta en tiempo y concepto; garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos; adecuar la gestión pública a los requerimientos de la actual coyuntura económica; otorgar y orientar a la intervención el sentido social y económico que requiere; impulsar cambios estructurales en el modelo productivo o favorecer y promover una dinámica participación de agentes sociales y económicos implicados en las decisiones públicas".

Asimismo, ha señalado que estas propuestas planteadas pretenden dar respuesta a la "necesaria" y "exigible" mejora en la gestión de los recursos públicos "unos recursos escasos que exigen responsabilidad y transparencia en los procesos de asignación y gestión y que deben de contemplar un cambio en la consideración de los destinatarios de los productos y servicios públicos, que conlleva un aumento de flexibilidad y capacidad para adaptar la Administración a las demandas de la ciudadanía".

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