SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han ratificado este miércoles su informe sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía y se han opuesto al 'contrainforme' pericial realizado por dos catedráticos a instancias de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que los peritos de la Intervención General del Estado han ratificado su informe, de una extensión de 8.245 páginas, y se han opuesto al 'contrainforme' pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, ya que "es un informe de parte".
La comparecencia se está celebrando en una sala de vistas y no en el despacho de la juez Mercedes Alaya debido a la asistencia de una treintena de abogados personados en la causa, en la que hay imputadas 266 personas para las que este informe es "la pieza clave", tal y como lo ha calificado la propia magistrada.
La comparecencia, a la que también asisten la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de las acusaciones, ha comenzado con 75 minutos de retraso sobre el horario previsto y se podría prolongar durante varios días en horario de mañana y tarde dada la "complejidad" del informe.
Cabe recordar que, en su informe, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
"IRREGULARIDADES"
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.
"A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", concluye el informe.
