El pleno de Alcalá aprueba este viernes definitivamente el expediente de la cementera

 
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Alcalá de Guadaíra

El pleno de Alcalá aprueba este viernes definitivamente el expediente de la cementera

Cementera de Alcalá.
ARCHIVO.
Publicado 06/10/2016 17:54:27CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), celebra este viernes un pleno extraordinario, para debatir y someter a votación el documento de aprobación definitiva de la modificación puntual de su planeamiento urbano, destinada a establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable".

Esta modificación puntual del planeamiento urbano de Alcalá arrancó en 2015 y, en la práctica, bloquea la iniciativa promovida por la planta cementera de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá, al pie de la autovía A-92, para incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

La empresa, en ese sentido, anunciaba hace meses posibles acciones legales contra la operación, toda vez que la asociación ecologista Alwadi-ira, de su lado, ha impugnado por la vía Contencioso Administrativa el acuerdo de la Junta de Andalucía gracias al cual se modifica la autorización ambiental unificada (AAI) de la empresa cementera, precisamente para permitir a la compañía la incineración de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contará con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

RESTRICCIONES YA EN 2014

Volviendo a la mencionada modificación puntual de las normas urbanísticas de Alcalá, el expediente en cuestión, recogido por Europa Press, expone que el 20 de junio de 2014, el pleno acordó ya "formular una modificación puntual del PGOU, al objeto de regular la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", aprobando entonces "la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

La operación a debatir este viernes, en cualquier caso, regula "las condiciones de compatibilidad aplicables al uso industrial, referidas a las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo y la determinación de distancias mínimas respecto de zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial". "Se propone la modificación del artículo 310, que señala los requisitos que deben cumplir determinadas actividades industriales para que puedan ser consideradas compatibles con otros usos, introduciendo un nuevo apartado que establezca que las actividades de valorización energética de residuos mediante su incineración sólo se autorizarán cuando se sitúen a más de dos kilómetros de suelos residenciales", figura en el "informe técnico" del expediente.

Igualmente, esta modificación puntual del PGOU relativa al "artículo 310" sobre la "implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo" implica además "la suspensión por plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

PORTLAND SE DEFIENDE

La empresa Cementos Portland, de su lado, expone que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España. La compañía justifica esta medida en "el abaratamiento en los costes de producción" y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, "contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje".

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