SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por mayoría una moción de Ciudadanos relacionada con la devolución de las cantidades "indebidamente" cobradas por los ayuntamientos, por la aplicación del impuesto municipal de plusvalías en operaciones de venta donde no hayan mediado beneficios.
La moción de Ciudadanos deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero, que declara inconstitucionales varios artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa, referente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente como plusvalía, en la medida de que los artículos anulados "someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor".
Recuerda la moción, así, que a instancias de Cs, la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa para reformar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana, y devolver las cantidades cobradas en este tributo durante los últimos cuatro años en los casos en los que no haya existido plusvalía.
Así, la propuesta reclama instar al Gobierno de España a adaptar la Ley de Haciendas Locales a la mencionada sentencia del Supremo "con la máxima premura", para la no aplicación de las plusvalías en los casos en los que el contribuyente pruebe que "no se ha producido un incremento real en el valor de los terrenos en el momento de la venta, respecto al precio originario de adquisición". Además, reclama orquestar una regulación "retroactiva", para aplicar "devoluciones" a los afectados por los casos ya descritos y un compensar a los ayuntamientos "equilibrando" tales devoluciones con un incremento en las transferencias derivadas de la participación en los impuestos del Estado (PIE).
QUE EL OPAEF ACTÚE
Además, se pide comunicar la sentencia del Constitucional a todos los ayuntamientos para que actúen en consecuencia y que el Opaef "evalúe el montante global de los ingresos indebidamente percibidos a los efectos de establecer una previsión de su correspondiente devolución a los afectado, entre otros aspectos.
No ha prosperado, por contra, una moción que promovía el PP para reclamar al Gobierno andaluz suspender el nuevo decreto Ley destinado a modificar la normativa actual que regula los centros de primer ciclo de educación infantil, "sin dialogar con los agentes implicados" y con un nuevo modelo de financiación que frente a un aumento de plazas, no contempla mayor presupuesto. Dado el caso, se pretendía mantener el vigente decreto de 2009, un consenso para la revisión de la normativa, y más presupuesto para la financiación de los centros de la educación infantil de primer ciclo.
La moción, que ha contado con una enmienda de IU-CA y reproches al PP por sus "recortes" y medidas en la educación desde el Gobierno central, ha sido apoyada en bloque por la oposición, pero el PSOE, que goza de mayoría absoluta, ha votado en contra.
