SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha instado a la Junta de Andalucía a exigir la adopción de medidas por parte del Gobierno central que contribuyan a paliar la crisis humanitaria provocada por el conflicto sirio.
La petición, formulada como Proposición no de Ley (PNL), expone la necesidad de desarrollar la Ley reguladora del derecho de asilo con objeto de que se reabra la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles en los estados de origen y tránsito.
En una nota, la coordinadora técnica del grupo parlamentario y diputada por Málaga, Esperanza Gómez, ha explicado que "el conflicto sirio se ha convertido en un drama humanitario de dimensiones colosales con ocho millones de desplazados internos y cuatro millones de personas obligadas a huir a otros países". La mayoría de estas personas ha llegado a los países cercanos, principalmente Líbano, Turquía y Jordania y únicamente 250.000 personas han logrado alcanzar territorio europeo.
Gómez ha criticado la "inacción" de la Unión Europea, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, a quienes reprocha "no haber tomado ninguna decisión de urgencia para responder a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial".
En este sentido, a su juicio, el reparto de recepción de refugiados por cuotas adoptado en junio de 2014, se basa en el traslado planificado de 34.000 personas desde Italia y Grecia y "no responde a la dimensión actual de la tragedia".
De esta manera, con esta PNL registrada por Podemos Andalucía, y que se presentará paralelamente en todas las cámaras autonómicas con presencia de la formación morada, piden apoyo para la derogación del protocolo Dublín 3, que impide a los ciudadanos refugiados salir del país europeo en el cual solicitaron asilo, y, por tanto, dificulta las iniciativas solidarias de organizaciones y estados para acoger a las personas refugiadas.
Por último, el texto registrado por Podemos Andalucía exige el cese de la militarización de la frontera y de la criminalización de las personas desplazadas, "desde el respeto a los Derechos Humanos y los valores rectores de la Unión Europea".
