SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha elaborado una proposición no de ley (PNL) para el Congreso de los Diputados con la que plantea la "eliminación" del sistema de renta agraria y la creación de una única prestación para los trabajadores del campo residentes en Andalucía y Extremadura llamada "subsidio especial agrario", cuyo cobro estaría desligado del requisito de acreditar una serie de jornadas reales y que tomaría como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para fijar su cuantía.
El diputado de Unidos Podemos por Jaén Diego Cañamero y la parlamentaria andaluza de la formación morada María García han dado cuenta de esta iniciativa en una rueda de prensa este jueves en el Parlamento andaluz, en Sevilla, desde donde han avanzado que van a adaptar esta propuesta para que se debata también en Andalucía y Extremadura, así como en el conjunto de los ayuntamientos andaluces.
Cañamero ha justificado esta iniciativa por la necesidad de "dignificar a los trabajadores" del campo, sector donde "hay una asignatura pendiente", ya que en la "importantísima reconversión" que "a todos los niveles" se ha dado en Andalucía en los últimos años "no se ha contemplado con justicia y dignidad" a ese sector laboral como sí se ha hecho en otras partes de España, según ha defendido.
El que fuera portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha lamentado, en todo caso, que haya que recurrir a los subsidios para esa "dignificación", porque "tendríamos que estar en contra" de los mismos, y al hilo ha indicado que "si la tierra estuviera bien repartida y los propietarios de la tierra hubieran recibido las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) con una finalidad finalista --vinculada a la creación de puestos de trabajo, la transformación de productos, el respeto al medio ambiente-- hoy estaríamos en otra situación".
"Pero como ningún Gobierno se ha puesto a operar en profundidad, nos encontramos con una enorme bolsa de parados y un subsidio de desempleo dependiente de los empresarios y los ayuntamientos", ha abundado Cañamero, que ha defendido que con su PNL desde Unidos Podemos plantean que ese subsidio "sea un derecho y no una gratificación al antojo de un empresario o un alcalde".
De esta manera, la iniciativa en cuestión plantea que el subsidio tenga una duración de 180 días para menores de 52 años y la cuantía a percibir tenga como referencia el SMI, de modo que se fije el 75 por ciento del salario mínimo vigente en cada momento para aquellos trabajadores que hayan realizado durante el año anterior a la solicitud entre cero y nueve peonadas.
EL SUBSIDIO SE INCREMENTARÍA EN FUNCIÓN DE LAS PEONADAS
De esta manera, las peonadas servirían para incrementar la cantidad que cobraría cada jornalero. En concreto, por cada tramo de diez jornadas más realizadas en el año anterior a la solicitud, el subsidio se vería incrementado en un 1,5 por ciento, y así hasta alcanzar el 100 por cien del SMI, el tope que se contempla en la iniciativa.
Cañamero ha defendido que esta propuesta "tendría un beneficio enorme" y evitaría que un empresario pudiera negarse a apuntarle las peonadas a un jornalero.
Además, ha indicado que desde 2008 el subsidio dejó de estar vinculado al SMI y pasó a estarlo al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que "desde 2010 no sube un céntimo", por lo que su propuesta también beneficiaría a los trabajadores del campo en tanto que el SMI "algo sí sube" cada año.
De igual modo, la PNL contempla que para tener derecho a acceder al subsidio por primera vez se requiera como mínimo un año de cotización al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social para los menores de 55 años, y un mínimo de 15 años para quienes tengan de 60 años cumplidos en adelante.
Además, entre otras cuestiones, la PNL propone "eliminar la sanción de la pérdida de un mes de prestación por no pasar la revisión de la demanda de empleo y sustituirla por una amonestación para que se produzca la revisión de la demanda" y, "en caso de invalidez de trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, la no exigencia de la firma de un empresario para acceder a la prestación correspondiente de la Seguridad Social mientras se esté en paro y que sea el facultativo del sistema público de salud quien determine la situación de baja si el trabajador cumple los requisitos de estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social".
Cañamero ha anunciado una "campaña" para tratar de lograr el apoyo de los distintos grupos especialmente en la Comisión de Agricultura del Congreso, y ha subrayado que es una iniciativa "tan sensata" que espera que cuente con el respaldo de los grupos representados también en Andalucía, comunidad donde Podemos piensa presentar una PNL adaptada de ésta para defenderla en el Parlamento autonómico.
REGLAMENTO DE LA PAC
Por otra parte, la diputada autonómica María García ha expresado la "preocupación" de Podemos por el "nuevo reglamento" que desde la UE se plantea para la PAC, que deja en manos de "cada Estado miembro la facultad de no aplicar la exigencia de 'agricultor activo'" para el cobro de las ayudas.
Eso podría dar lugar, según ha advertido, a que entre los beneficiarios de las ayudas figurasen, por ejemplo, "campos de golf" o "personas físicas o empresas vinculadas a actividades" que habían quedado excluidas como beneficiarias de la PAC conformando una suerte de "lista negra", que servía para vetar el acceso a las mismas de "especuladores ajenos al sector".
Ante ello, García ha defendido que las ayudas de la PAC deben llegar "a pequeños y medianos agricultores y ganaderos", a los llamados "agricultores activos", de cuya renta anual "al menos el 40 por ciento" procede de esa actividad.
VERTIDO EN ALGECIRAS
De igual modo, en su intervención la diputada andaluza de Podemos también ha mostrado su preocupación por el derrame de crudo producido este martes por un fallo mecánico en la monoboya de la factoría de Cepsa en San Roque (Cádiz), y que afectó al litoral de la Bahía de Algeciras, algo que ha definido como una "noticia negra".
García ha indicado que "debemos ser mucho más exigentes con estas grandes multinacionales que a veces parece que no tienen ningún tipo de control", así como que "el Gobierno tiene que velar por nuestro medio ambiente", algo que pasa, según ha añadido, por "exigir que quien contamine pague".
"Es responsabilidad de nuestro Gobierno que casos como el sucedido ayer no sigan sucediendo en nuestras playas y medio ambiente", ha argumentado la parlamentaria de Podemos, que se ha referido también al hilo de ello al proyecto de almacenamiento de gas en Doñana, contra el que se manifiesta la formación morada, que reclama la paralización de las obras en cuestión.
