Pospuesta al miércoles la última reunión del ERE de la base de Morón y el comité se reunirá con Susana Díaz

Actualizado 05/07/2015 13:36:49 CET

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Finalmente se celebrará el miércoles y no el martes de esta semana la última reunión del periodo de consultas del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por 'Vinnell-Brown & Root Spain'(VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Mientras el encuentro final de la negociación ha sido aplazado 24 horas, la plantilla se reunirá el martes con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En declaraciones a Europa Press, José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de VBR, ha informado de que mientras los trabajadores han concertado para las 20,00 horas de este martes una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, la propia representación de VBR ha solicitado aplazar al miércoles por la mañana la reunión prevista para este martes para concluir la negociación de este expediente de regulación de empleo, el tercero que promueve VBR. Esta vez, la empresa plantea 55 despidos con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año de servicio, el mínimo legal.

Así las cosas, los trabajadores están arreglando los detalles para que el encuentro final del periodo de consultas se celebre el miércoles en el lugar ya programado, la sede de la Delegación territorial de la Consejería de la Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con la participación de su titular, Aurora Cosano.

La negociación se cerrará después de que la representación de VBR rechazase sustituir por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el mencionado despido colectivo. Dado el caso, el comité de empresa propuso un plan de "reestructuración" de la plantilla con una congelación de salarios hasta 2019, bajas voluntarias para cualquiera de los trabajadores mayores de 55 años con indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades, pero por contra la "absorción" de los trabajadores despedidos en el ERE de 2013 que quisieran regresar a la plantilla en lugar de cobrar indemnizaciones.

Dicho aspecto significaría, en ese sentido, la suspensión del litigio judicial promovido en torno a los 66 despidos del ERE de 2013, declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce así para los afectados indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades.

EL CONFLICTO DE LA BASE

Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

EL TERCER ERE

Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.

De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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