Los 'populares' defienden la protección del empleo y de la legislación en el conflicto entre el gobierno socialista y Cementos Portland
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PP de Alcalá de Guadaíra ha mostrado 'máxima preocupación' por los puestos de trabajo que están en juego en la cementera alcalareña, desde que se iniciara el conflicto entre el gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra y Cementos Portland.
Así, como en ocasiones anteriores desde que el gobierno socialista decidiera no autorizar a la cementera la valorización de residuos seleccionados; representantes del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra junto al Parlamentario autonómico y el presidente del PP sevillano, Juan Bueno, se reunirán este jueves con el comité de empresa.
En el último pleno fue aprobada con los votos en contra del PP, la urgencia de una moción que aseguran los 'populares', "daba un paso más hacia la modificación de la normativa urbanística municipal vigente, con el único objetivo de impedir que la cementera pueda llevar a cabo la valorización de residuos". Por ello, el PP se puso en contacto con los trabajadores de la cementera para conocer la situación respecto a la posible pérdida de los puestos de trabajo.
Respecto al enfrentamiento entre los responsables socialistas del gobierno municipal y la empresa Cementos Portland, los 'populares' aseguran que han mantenido siempre una postura firme en defensa de los puestos de trabajo y del cumplimiento y respeto a la normativa vigente.
En este sentido, desde el PP han reiterado su discrepancia total con el comportamiento 'arbitrario e irresponsable' del gobierno socialista y de la alcaldesa. Ya que, con la modificación 'a la carta' que se ha iniciado del Plan General de Ordenación, "se está legislando en contra de una empresa y de sus trabajadores".
Desde el PP indican que "la empresa cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la valorización de residuos, cumple con las exigencias de la legislación nacional y de las directivas europeas". Y añaden que "ahora se encuentra en una situación extrema de inviabilidad debido a la indefensión legal provocada por la alcaldesa socialista y su equipo".
Para los 'populares' una de las cuestiones más paradójicas en este asunto por parte del gobierno socialista, es el hecho de "que fueran los propios responsables socialistas los que hace dos años autorizaran a la empresa a realizar las mejoras necesarias en la factoría alcalareña para poder llevar a cabo la valorización de residuos". Y se preguntan qué ha podido suceder para este cambio de opinión.
Desde el PP también han querido dejar claro que no entran en cuestionar la legislación aplicable y, mucho menos, los parámetros y exigencias técnicas atribuidas a la autorización por la que se le permite o no a una industria llevar a cabo una actividad controlada desde la propia Unión Europea y de la Junta de Andalucía.
"Lo que no es serio ni de recibo por parte de unos gobernantes, es que según se levante un alcalde, así modifique la legislación y normativa a su antojo", concluyen.
