SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
En un contexto en el que el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), gobernado por Francisco Javier Reinoso (PSOE), pide diez años de cárcel y seis de inhabilitación y nueve años de prisión y otros seis de inhabilitación, para cada uno de los dos trabajadores municipales acusados de desviar a su favor más de un millón de euros de las arcas municipales, el PP sevillano ha pedido la dimisión del alcalde por su "falta de control de las cuentas" del Consistorio.
La coordinadora general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha pedido en un comunicado la dimisión del alcalde de Lora del Río ante la "falta de control de las cuentas del Ayuntamiento y que como consecuencia de esta dejadez, se hayan desviado más de un millón de euros de fondos municipales a cuentas personales".
En este sentido, Pérez dice que "es insólito y cuanto menos increíble que se produzca un desvío de dinero de tal magnitud y el alcalde de Lora, responsable de dirigir y controlar el Ayuntamiento, no se diera cuenta ni notara que ocurría algo", sobre todo porque "estamos hablando de más de un millón de euros durante 15 años y en todo este tiempo los controles escasearon y el alcalde parece que ha estado mirando para otro lado".
Por ello, Pérez ha señalado que "ante este escándalo, el PSOE de Sevilla tiene que tomar cartas en el asunto y su secretaria general tendría que pedir responsabilidades a quien competa porque no podemos tolerar que haya un nuevo caso que implica al alcalde de Lora del Río, que debería dimitir". En ese sentido, reprocha al alcalde que esté imputado en otra causa judicial e "implicado" por irregularidades en 2.250 contrataciones temporales.
CAUSA JUDICIAL EN LORA
Hablamos de la investigación relativa al presunto desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Lora en favor de dos trabajadores del propio Consistorio encargados del área de personal. Los dos trabajadores públicos, identificados como A.M.L.G. y M.P.C., fueron imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Lora del Río por simular o alterar contrataciones públicas para cobrar, con cargo al Ayuntamiento, nóminas ficticias. Esta práctica se habría prolongado durante 15 años y gracias a ella, estos trabajadores públicos se habría apropiado de 1.080.203 euros de las arcas municipales.
Los trabajadores, según las fuentes consultadas por Europa Press, fueron imputados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsificación de documento público, pues habrían creado identidades falsas para ingresar y cobrar, con cargo al Ayuntamiento, nóminas ficticias en sus cuentas a lo largo de cerca de 15 años.
"ABUSARON DE LA CONFIANZA"
El Tribunal de Cuentas, en un acta de "liquidación provisional" de las actuaciones preliminares incoadas sobre el asunto, consideraba que los empleados públicos involucrados en el caso son "responsables" de un "presunto ilícito de alcance contable" y que "abusaron de la confianza depositada" en ellos.
En este documento, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas consideraba acreditado "el desvío de fondos municipales destinados a gastos de personal, dirigiéndose a cuentas personales cantidades correspondientes a contrataciones de personal simuladas o realizadas por jornadas superiores a las realmente prestadas".
La titularidad de las cuentas bancarias donde eran ingresados los fondos desviados, según constata el Tribunal de Cuentas, "correspondía" a A.M.L.G. y M.P.C. "y a sus respectivas esposas", quienes también fueron "imputadas" al poco de comenzar las actuaciones depositadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Lora del Río. Según la información que baraja el Tribunal de Cuentas, A.M.L.G. y M.P.C. habrían desviado hacia las cuentas bancarias controladas por ellos mismos y sus cónyuges un total de 1.080.203 euros; en concreto 936.308 euros A.M.L.G. y 143.896 euros M.P.C.
La institución, además, consideraba de manera provisional que sobre el alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso, y sobre el interventor y el tesorero del Ayuntamiento, pesaría una "presunta responsabilidad subsidiaria" a cuenta de "los escasos controles que la política de personal".
EXPEDIENTADOS
Igualmente, el Tribunal de Cuentas daba cuenta de que en junio de 2011, M.P.C. renunció "voluntariamente" a su relación laboral con el Ayuntamiento y A.M.L.G. estaba afectado por un decreto de Alcaldía emitido en septiembre de 2011, prolongando su suspensión de empleo y sueldo hasta la finalización del procedimiento judicial, dado que el Ayuntamiento emprendió contra ambos trabajadores expedientes disciplinarios con sus respectivas medidas al ser descubiertos los acontecimientos.
De cualquier manera, en el marco del procedimiento judicial emprendido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Lora, el Ayuntamiento, como parte denunciante, ha solicitado diez años de prisión y seis de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público para uno de los acusados, así como nueve años de cárcel y otros seis de inhabilitación para el restante acusado. Igualmente, el Consistorio solicita para ellos la imposición de una responsabilidad civil de 1.080.997 euros más los intereses devengados y las costas del procedimiento judicial.
