PP-A esgrime una providencia para criticar la actitud de la Junta en los ERE

 

PP-A esgrime una providencia para criticar la actitud de la Junta en los ERE

Patricia Navarro
EUROPA PRESS/PP-A
Actualizado 13/03/2016 14:41:36 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz se ha apoyado este domingo en una reciente providencia, emitida esta misma semana por el juez Álvaro Martín, que investiga las seis primeras piezas separadas en que se ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, para insistir en criticar la actitud "de obstruir" de la Junta de Andalucía en dicho procedimiento.

En concreto, la providencia que este domingo ha difundido el PP-A está fechada este pasado viernes 11 de marzo, y en ella se vuelve a requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía una serie de información solicitada en enero de este año.

Así, el juez apunta en su providencia, consultada por Europa Press, que "por auto de fecha 27 de enero de 2016 se acordó requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remitieran cualquier tipo de informe o documento elaborado por la misma en el periodo 2000-2012 y destinado a los miembros de los órganos de gestión de las agencias y empresas públicas de la Junta de Andalucía, en particular a las personas de la Consejería de Hacienda que formaban parte del Consejo rector de IFA/IDEA".

"Así mismo --prosigue la providencia-- facilitasen relación de personal que participó en los trabajos y elaboración de los informes de Control Financiero Permanente de I /IDEA- Informe de Cuentas anuales, Informe de cumplimiento (incluido como es lógico los adicionales en su caso e informe sobre los PAIF) en el periodo 2001-2012, detallando funciones desarrolladas por los mismos en cada ejercicio, así como de aquellas personas que participaron en la elaboración por la Intervención de las Memorias sobre Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre Control Financiero Permanente de los ejercicios 2004 a 2007".

También indica el juez que "en ese mismo auto se requirió a la Junta de Andalucía para que emitieran listado de expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación-APJO-en el periodo 2000-2010, indicando solicitudes presentadas, resoluciones recaídas, importe en su caso y aplicación presupuestaria".

"Dado el tiempo transcurrido desde que se libraron los oportunos despachos, recuérdese su urgente cumplimiento, requiriendo a través de la representación de la Junta de Andalucía, a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como a la Junta de Andalucía", concluye la providencia difundida por el PP-A.

En esa línea, la vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Patricia Navarro, ha aseverado este domingo en una rueda de prensa en Málaga que "el Gobierno andaluz no ha puesto todo su empeño por llegar al fondo de las cuestiones relacionadas" con el caso de los ERE "y otros muchos de corrupción", así como "tampoco ha puesto todo su empeño en depurar al máximo las responsabilidades políticas, y, por supuesto, en recuperar el dinero defraudado".

De esta manera, y a pesar de que la Junta de Andalucía alertó en varias ocasiones desde 2013 del riesgo de prescripción de delitos imputados y de la posibilidad, por tanto, de que la administración autonómica no pudiera recuperar el dinero presuntamente defraudado en el marco del caso de los ERE, según se desprende de avisos realizados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Navarro ha aseverado que "esa advertencia que sus abogados (los de la Junta) pudieron hacer en un momento dado a los juzgados no exime al Gobierno andaluz, ni entonces al de (José Antonio) Griñán ni ahora al de (Susana) Díaz, de ni un ápice de responsabilidad en lo que ha ocurrido y puede ocurrir en el futuro".

Así, la representante del PP-A ha enfatizado que desde la Junta "no solo han tardado en dar la documentación requerida por los juzgados", sino que además "se ha descalificado a la juez instructora en su día (Mercedes Alaya) cada vez que emitía un auto que no era del gusto de Díaz y antes de Griñán".

Además, "todos sabemos las permanentes trabas y obstáculos que se le han puesto a la solicitud de mayores recursos materiales y humanos que se han hecho por parte de los juzgados", ha agregado Navarro, que ha abundado que "en todo esto ha habido una clara intencionalidad política, y la actitud del Gobierno andaluz antes con Griñán y ahora con Díaz ha sido la de obstruir y dificultar los procedimientos, así como desprestigiar a los jueces".

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