SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, ha insistido este viernes en que es necesario "depurar responsabilidades políticas" por las posibles anomalías detectadas en el concurso oposición promovido por la Diputación provincial para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en la plantilla provincial de funcionarios.
En un comunicado, Juan de la Rosa ha reiterado que los hechos detectados por dos altos funcionarios de la Diputación que formaban parte del tribunal de este concurso oposición y elevados por la institución provincial a la Fiscalía son "extremadamente graves", lo que le ha llevado a mostrar su confianza en que la Justicia profundice en lo sucedido y aclare los acontecimientos.
No obstante, ha insistido en que más allá de la investigación judicial, el Gobierno provincial socialista "debe llegar hasta el final no sólo para aclarar lo sucedido, sino también para depurar responsabilidades políticas sobre un caso que no sólo ha paralizado unas importantísimas y necesarias oposiciones, sino que daña la imagen de la institución".
MÁS MEDIDAS
"Aunque la Fiscalía haya abierto una investigación sobre el caso, el Gobierno provincial no se puede escudar en la Justicia para no aclarar lo sucedido y tomar, con la máxima prontitud, las medidas necesarias para que un caso como este no se vuelva a producir", ha manifestado De la Rosa recordando que el PP ha pedido la creación de una comisión de investigación en el seno de la institución provincial.
Además, ha alertado de que "la paralización de estas oposiciones a bombero retrasará el concurso para cubrir las 61 plazas vacantes, vitales para garantizar la seguridad de muchos de nuestros municipios", toda vez que tras el aviso del secretario y el presidente del tribunal respecto a la prueba tipo test celebrada el 3 de marzo, la Diputación decidió paralizar el procedimiento selectivo.
Tras paralizar la convocatoria, la Diputación de Sevilla revocó y disolvió el tribunal constituido para las pruebas, anulando la prueba inicial celebrada el pasado 3 de marzo y ordenando la conformación de un nuevo tribunal calificador, en un plazo máximo de diez días.
Todo ello, recordémoslo, tras detectar el secretario y el presidente del tribunal que los resultados del test inicial de la oposición arrojaban "una coincidencia alarmante" en las respuestas acertadas por un grupo de los aspirantes con mayor puntuación en dicha prueba. Según la institución provincial, los resultados reflejaban "un número excesivo de preguntas acertadas para la media en estos casos, por parte de un grupo de opositores" que serían además los funcionarios interinos que "hasta ahora" ocupan las plazas sometidas al mencionado procedimiento.
LA DIPUTACIÓN RECUERDA SU ACTUACIÓN Y NO VE LUGAR A MÁS MEDIDAS
Frente a ello, la portavoz del Gobierno provincial socialista, Trinidad Argota, ha recordado que el asunto ya ha sido elevado a la Fiscalía, con lo que "mayor celeridad, diligencia y transparencia por parte del gobierno provincial, imposible", además de ser seguidas "en todo momento las actuaciones planteadas" por los altos funcionarios que como secretario y presidente del tribunal de la oposición detectaron la situación.
Además, y en unas declaraciones recogidas por Europa Press, Argota ha recordado que el secretario y presidente del tribunal han dado cuenta de todo el asunto a los portavoces de los grupos políticos de la Diputación, en una sesión "extraordinaria" de la junta de portavoces celebrada a tal efecto, toda vez que ya ha sido ordenada la anulación de la prueba realizada, la disolución del tribunal y la conformación de uno nuevo para retomar la oposición.
Así, defendiendo que la institución ha obrado "desde la lealtad institucional, la transparencia y el buen gobierno", Argota ha expuesto que "no ha lugar a medidas más firmes que las que ya se han adoptado".
