SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP-A, personado como acusación en el caso de las irregularidades en los cursos de formación, sostiene que la Junta de Andalucía creó una red de "clientelismo político" a la que otorgó "al menos" 101.160.469,63 euros en ayudas a la formación, y en este sentido ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que requiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue todas las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a 45 entidades "relacionadas con el PSOE".
En un escrito, consultado por Europa Press, el PP-A pide que la UCO "indague" la vinculación de estas empresas "con cargos del Gobierno de la Junta o del PSOE" y también "la relación de los directores provinciales y altos cargos del SAE con los accionistas, administradores de hecho o derecho o dirigentes de estas empresas y su conducta en los procesos de concesión, justificación de las subvenciones y, en su caso, reintegro de las mismas, con independencia que a resultas de la investigación se pudiera ampliar" la misma "a otros hechos o empresas".
El PP-A realiza esta petición tras tener conocimiento del oficio en el que la UCO "pone de manifiesto graves circunstancias ajenas a su voluntad que están provocando un importante retraso y perjuicio para el resultado de la investigación en esta causa y otras derivadas de la misma tras su división y desglose", señalando que "con la finalidad de poder avanzar en las investigaciones", la Guardia Civil realiza "importantes" solicitudes sobre los entramados empresariales vinculados al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.
Así, reclama que se practiquen las diligencias solicitadas por la UCO en el marco de la pieza 'política' del caso de los cursos de formación, resultando "de especial relevancia" la solicitud relacionada con las resoluciones de exceptuación publicadas, ya que su análisis por parte de la Guardia Civil "es fundamental para esclarecer las consecuencias delictivas que tenían las mismas y su verdadera finalidad, que no era otra que favorecer ilícita y premeditadamente a empresas de personas afines al PSOE con la complicidad de los dirigentes del SAE, provocando incuso un claro perjuicio a las arcas públicas".
"Sin este estudio, las únicas diligencias practicadas al efecto son las declaraciones celebradas en sede judicial, alguna de ellas, de personas imputadas e implicadas de alguna manera en estos hechos, que por otra parte en ningún caso evidencian que las resoluciones de exoneración no tenían finalidad ilícita", sostiene el PP-A.
Al hilo de ello, reclama a la juez que se aporte a la UCO copia digitalizada de los expedientes de subvenciones incautados en la sede de la Dirección General de Formación, ya que el estudio de estos expedientes "es relevante para la investigación y revisión de los trámites de concesión, control y justificación de los expedientes de subvención, que a buen seguro pondría de manifiesto graves incumplimientos constitutivos de infracción penal, como que los certificados de cumplimiento emitidos no se ajustaban a la realidad".
El PP-A, "atendiendo a la línea de investigación que el oficio de la UCO recuerda se marcaron" dentro de esta pieza separada, "cual es revisar los trámites de concesión, control y justificación de subvenciones concedidas a empresas que componían entramados", pide que la UCO investigue "todas las subvenciones concedidas por el SAE" a 45 empresas "relacionadas con el PSOE".
"CLIENTELISMO POLÍTICO"
Y es que, a su juicio, las mismas "demuestran que el Gobierno de la Junta utilizó durante años las subvenciones para cursos de formación con el objetivo de crear y consolidar una red de 'clientelismo político' en torno al PSOE y al Gobierno de la Junta, en la misma línea de lo que indiciariamente se puede extraer de lo instruido" en el caso de los ERE fraudulentos.
El PP-A asevera que, "con la disposición de los fondos para la formación de ocupados y desempleados, el Gobierno de la Junta, con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos del Gobierno andaluz o del PSOE, o a socios y familiares suyos, que recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros".
Según precisa, de esa cantidad 52,7 millones corresponden a las subvenciones recibidas por siete entidades de Ángel Ojeda, "destacado perceptor de fondos de formación", mientras que los 48,3 millones restantes a otras 38 entidades o empresas "administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno de la Junta o a socios y familiares suyos", tras lo que enumera una a una estas 38 sociedades.
Entre ellas, cita la ayuda de 1,1 millones concedida a Autoescuela Virgen de Luna, de la que fue socio fundador y trabajador el exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez; o la subvención de 933.598,66 euros a Aulacen Cinco S.L., empresa "de la que es accionista Antonia Montilla, la mujer de Rafael Velasco, que fue vicesecretario general del PSOE, el segundo puesto en importancia de la comisión ejecutiva regional sólo por detrás del secretario general".
De igual modo, enumera la ayuda de 829.848,48 euros concedida a Observa SCA, señalando que "el hoy delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Fernando López Gil, y candidato a la Alcaldía de San Fernando por el PSOE en 2007 y 2011, como recoge su propia biografía en el portal de la Junta, poseía un 25 por ciento de la sociedad cooperativa Observa", o la de 1,1 millones otorgada a El Paraíso de la Dehesa, sociedad "que estuvo administrada por Gonzalo Rodríguez Nevado, alcalde de Punta Umbría (Huelva) por el PSOE hasta febrero de 2016".
AYUDAS
El PP-A también pide investigar la ayuda de 301.875 euros a Multiservicios y Limpiezas Doñana, de la que, según precisa, fue administrador José Fernández de los Santos, que "actualmente ocupa los cargos de concejal delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Huelva y vicepresidente de Hacienda y Administración en la Diputación de Huelva", además de ser "secretario de Organización del PSOE de Huelva y miembro del Comité Director del PSOE andaluz, como recoge la web del Partido".
Igualmente, alude a la ayuda de 1,7 millones a Planificación Cooperación y Desarrollo S.L., una empresa que "tuvo en nómina al 'conseguidor' de los ERE de la Junta Juan Lanzas", o la subvención de 4,4 millones a Sistemas y Fomentos Tecnológicos S.A., señalando que la Policía Nacional "incluye esta empresa en un 'complejo' entramado familiar para conseguir ayudas", de manera que "los hermanos Benjamín y Santiago Muñoz Zamora estarían al frente de esta red, con la particularidad de que el primero es socio de la destacada dirigente del PSOE Amparo Rubiales en el despacho Estudio Jurídico Itálica".
