SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del PP-A ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en la que pide a la Junta que revise los convenios de colaboración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio firmados entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y las corporaciones locales.
Todo ello, con el fin de establecer un mecanismo de control y fiscalización del gasto de este servicio de manera que toda la cantidad que transfiere la Comunidad Autónoma se destine efectivamente a la prestación de ayuda a domicilio, según se recoge en la iniciativa, consultada por Europa Press.
En la exposición de motivos, se explica que tras la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social aprobó la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía.
En esta orden se unifica la ayuda a domicilio como prestación básica de los servicios sociales comunitarios y la derivada de la Ley de Promoción Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia en el acceso, en la financiación y en la participación de la persona usuaria en el coste del servicio.
El servicio de ayuda a domicilio se presta a través de las corporaciones locales de manera directa o indirecta. En el caso de personas que tengan reconocida la situación de dependencia, la prestación de este servicio se garantiza mediante convenios de colaboración suscritos entre la Consejería competente y los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales.
Los convenios establecen que las corporaciones locales prestarán el servicio de ayuda a domicilio en su ámbito territorial y que la Consejería lo financia, teniendo tasado una cantidad por hora de servicio.
Sin embargo, según apunta el PP-A, en dicho convenio no se establece el precio de la hora que debe establecer la propia Corporación Local, por lo que se están dando situaciones en las que la cantidad que se paga es la mitad de lo que se recibe por parte de la Comunidad Autónoma.
