SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular andaluz ha retado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a decir "cuántos consejeros y exconsejeros cree él que todavía pueden ser imputados por la justicia por algún caso de corrupción", ya que la "sombra de la sospecha" sobre ellos, a juicio de los 'populares', es ya "insostenible".
Así se ha pronunciado el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, tras mostrar en rueda de prensa a los periodistas el escrito donde el Juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, solicita al Parlamento andaluz que certifique qué persona o personas de las que integraron el Consejo Rector de IDEA que aprobó el 27 de mayo de 2008 la ampliación de capital de la iniciativa Ferias Internaciones Virtuales de Andalucía (FIVA) siguen siendo actualmente aforadas.
Sanz ha señalado directamente al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo como uno de los cargos que ahora gozan de la condición de aforado y que, según el acta del referido Consejo Rector del 27 de mayo de 2008 --facilitada por el PP-A a los medios de comunicación--, presidía la sesión en la que IDEA ratificó el acuerdo del 26 de marzo de 2008 por el que se concedía el "otorgamiento de un préstamo de carácter participativo por un importe máximo de 200.000 euros a favor de FIVA".
A juicio del 'número dos' del PP-A, este nuevo escrito del juez que investiga el caso Invercaria demuestra que el primer año del Gobierno "bipartito de perdedores" ha estado "marcado por la corrupción", por lo que ha urgido a los tribunales a resolver este caso "con la mayor agilidad posible".
Sobre todo, ha añadido, porque ni los andaluces ni Andalucía se pueden "permitir el lujo" de estar dirigidos por un presidente de la Junta que está "acorralado" por los casos de corrupción y que se levanta todos los días "angustiado pensando que en cualquier momento se sabrá toda la verdad" tanto de este caso como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, al que suele calificar como "el mayor caso de corrupción de la historia democrática" de la región.
