Asegura que el objetivo del PP-A en esta comisión ha sido "destruir al PSOE-A y hacer el mayor daño posible al Gobierno andaluz"
SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha negado la existencia de "ningún tipo de trama" en torno a las ayudas de la formación y de responsabilidades políticas de los cargos de la Junta, ni de los funcionarios, destacando además que en las comparecencias de los interventores en la comisión de investigación "se rechazó que haya existido menoscabo de fondos públicos".
Así se recoge en un extracto de las conclusiones del Grupo Socialista en la comisión de investigación, consultadas por Europa Press, y que serán registradas este lunes, fecha en la que finaliza el plazo estipulado, tras ser ampliado en una semana por acuerdo unánime de los grupos parlamentarios y a petición de Podemos e IULV-CA.
Los socialistas apuntan que "del paso de todos los comparecientes hay una primera idea que ya nadie discute: nadie comparte la teoría de la conspiración". Así, según señalan, "las ayudas se daban con órdenes reguladoras previas, con arreglo a la normativa básica estatal; la normativa no se ha diseñado para el fraude, y las deficiencias detectadas en los informes especiales son de carácter administrativo y en ningún caso de trascendencia penal".
También destacan que las ayudas, tanto las resoluciones como los pagos, se daban con fiscalización previa, lo que implica la verificación de que el beneficiario cumple todos los requisitos legales; que el sistema de justificación empleado es legal y es el mismo que emplean el Estado y otras comunidades autónomas; y que el pago con anticipo del 75 por ciento es "legal, habitual y también lo emplean todas las administraciones".
El Grupo Socialista subraya que del paso de los interventores por esta comisión ha quedado claro que "los informes detectaron cuestiones administrativas, nunca penales"; que "no hay menoscabo; que el hecho de que no vieran determinada documentación en el momento de hacer el informe no significa que no la hubiera porque en la fase de fiscalización previa tuvieron que verla; y que la Junta ha actuado de manera "rápida y contundente".
Respecto a las exceptuaciones, señalan que son "legales", estaban "justificadas", no suponen ningún perjuicio ni para la administración ni para terceros; que se exceptuaba por razones objetivas y que en ningún caso se exime de la obligación de justificar. "En cada pago se incluye la exceptuación y se fiscaliza de conformidad", añaden.
Tanto interventores como jefes de servicio han asegurado, según destaca el PSOE-A en sus conclusiones, que "no dieron ni recibieron ninguna orden para hacer nada ilegal", que "no se dio trato de favor a ninguna entidad", que "nadie hizo dejación de sus funciones", que existía "un procedimiento tasado", y que en el procedimiento interviene un equipo humano complejo donde cada funcionario o autoridad tiene un papel concreto.
"LA MENTIRA DEL PP SE HA DESMONTADO"
Para los socialistas, el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano de control del Estado, desmonta "la sucia farsa política" que el Partido Popular decidió articular en torno a los cursos de formación, "a sabiendas de que mentía y dañaba, no sólo la imagen del Gobierno andaluz, sino la de Andalucía, la de un sector económico importante, y la de sus trabajadores públicos".
"El PP de Moreno Bonilla y Arenas sigue enredado en la telaraña en la que se ha convertido su destructiva oposición", advierte el PSOE-A en el citado escrito, donde acusa a la formación 'popular' de haberse "retroalimentado durante meses de un engaño". "Ha intoxicado a la opinión pública, faltando una y otra vez a la verdad", agrega.
Así, tras defender que los andaluces merecen representantes públicos "honestos y leales a la verdad, que reconozcan su error y pidan disculpas públicamente", el PSOE-A ha dicho que "ha estado, está y estará siempre a favor de la independencia del poder judicial y ha estado, está y estará en contra de cualquier presión al mismo, incluidas las filtraciones de las resoluciones judiciales".
"No ha sido el PSOE el que ha hecho uso de documentación policial y judicial en la comisión, sino el PP, documentación que tenían fruto de su personación en las causas judiciales y que no estaban a disposición del resto de los comisionados", apunta el PSOE en el citado documento, en el que también se advierte de que el objetivo del PP es "destruir al PSOE y hacerle el máximo daño posible al Gobierno andaluz", lo que contrasta con la actitud "proactiva y constructiva" del PSOE.
PROPUESTAS
Los socialistas incorporan una serie propuestas cuya implantación entienden que ayudará a mejorar la gestión de esta política, entre ellas, exigir al Gobierno de la Nación que acometa el desarrollo reglamentario de la ley de formación profesional para el empleo y que, de forma urgente, se envíe al Parlamento un nuevo proyecto de ley de formación profesional para el empleo que incluya las singuralidades de Andalucía.
En otras de las propuestas se pide consensuar con todos los actores implicados en Andalucía un plan de acción de formación profesional para el empleo, con un informe anual de seguimiento; y regular la obligatoridad de realizar estudios intermedios y finales que evalúen la efectividad de los planes de formación en ejecución, "lo que permitirá disponer de información suficiente y fiable para tomar decisiones sobre la continuidad de los mismos o la necesidad de adaptarlos a las nuevas realidades del mercado laboral".
