SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se muestra el "absoluto rechazo" al Procedimiento de Despido Colectivo (PDG) en el grupo Tragsa y solicita al Gobierno de España que impida la ejecución del mismo y exija a la dirección del grupo "la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial".
En un comunicado, el Grupo Socialista asegura que el citado procedimiento es "profundamente perjudicial para los intereses del país y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la administración".
La empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo Tragsa que posteriormente creó en 1989 su primera filial Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería, según recuerda el Grupo Socialista.
También señala que los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la "caída brutal" en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados. Sería en 2013 cuando las direcciones de Tragsa y Tragsatec
comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo, alegando entre otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo.
El proceso acabó sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad. La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el PDC por tres causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de Tragsa y los 610 de Tragsatec, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían sido despedidos.
Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo resolvió declarando el PDC de Tragsa ajustado a derecho, posibilitando con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la Comunidad de Andalucía 180 empleados, repartidos entre Tragsa y Tragsatec en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de Andalucía.
Para el Grupo Socialista, en la actual situación de empleo en nuestro país, y particularmente en la Comunidad de Andalucía, esta decisión es "totalmente inaceptable" por el impacto que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos económicos y productivos del grupo, pasados dos años desde el inicio de este procedimiento, han evolucionado "positivamente", de tal manera que las estimaciones de pérdidas y de producción "no tienen parecido con las previsiones del inicio del PDC", concluyen los socialistas.
