Anticorrupción solicita a la juez que imponga una fianza civil de 39 millones a la empresa A Novo España
SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares porque entiende que la instructora "ya no es competente" para investigar la causa, todo ello en una comparecencia en la que, según la defensa del encausado, la magistrada le ha retirado la principal acusación de que "coordinó e impulsó la política presupuestaria" cuando ocupó el cargo de secretario general de Hacienda.
De este modo, y durante su comparecencia, el imputado ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar porque considera que el Juzgado de Mercedes Alaya "ya no es competente, como también, al parecer, lo considera la instructora, al dictar la resolución del pasado 25 de julio de 2014, del mismo modo que vienen entendiéndolo la Fiscalía y mi defensa".
El imputado se ha referido así a la providencia en la que la juez pidió al Ministerio Público que informara sobre qué tribunal es competente para seguir investigando a los aforados 'preimputados' en la causa, como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, aunque la propia magistrada ha contestado diciendo que "todavía no ha enviado" la causa al órgano superior, según abogados presentes en la declaración.
Al hilo de ello, el exviceconsejero ha indicado que, "siendo incompetente este Juzgado, mi derecho de defensa sólo se salvaguarda prestando declaración ante el órgano judicial que es competente, de tal forma que, de proseguir la presente actuación judicial, no sólo sería nula, sino que se desconocería gravemente mi derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley".
De otra parte, el imputado ha asegurado desconocer hasta el día de hoy los hechos que se le imputan, "siendo así que el pasado 23 de julio de 2014 fui citado por este Juzgado para prestar declaración, sin que en la citación se hiciera mención a ningún hecho, lo que me ha impedido conocer los hechos que se me atribuyen y, con ello, articular mi derecho de defensa, lo que indudablemente me causa una manifiesta indefensión".
ANTICORRUPCIÓN NO PIDE NINGUNA MEDIDA CAUTELAR
"Las circunstancias expuestas me obligan a acogerme a mi derecho constitucional a no declarar, sin perjuicio de que lo haré ante el órgano judicial competente, si procediera, en su debido momento procesal", ha concluido.
Una vez finalizada la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones han pedido medida cautelar alguna para el encausado.
El abogado del imputado, José María Mohedano, ha informado a los periodistas de que la juez ha modificado el auto inicial de imputación y ha retirado la parte donde ponía de manifiesto que, como secretario general de Hacienda entre abril de 2004 y 2009, "estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán", por entonces consejero de Economía y Hacienda, y "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".
Según la juez, "en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible".
LOS INDICIOS "SE HAN DISUELTO COMO UN AZUCARILLO"
Asimismo, el imputado "formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste".
Con la decisión de la juez de "retirarle" la principal imputación, y según Mohedano, "si eran endebles los indicios, ya se han disuelto como un azucarillo", pues esta modificación "es sustancial y lo deja al margen de toda función en la política presupuestaria". Según ha explicado, la juez sí ha mantenido la parte del auto de imputación que se refiere a su etapa como viceconsejero.
La juez relata que, en abril de 2009, el imputado fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda, y en el tiempo que ocupó el cargo "tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010, en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la memoria del citado Presupuesto se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001".
Según la instructora, lo anterior "determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable".
ANTICORRUPCIÓN PIDE UNA FIANZA CIVIL DE 39,9 MILLONES PARA A NOVO ESPAÑA
Este miércoles, también ha comparecido ante la juez la sindicalista de UGT-A Blanca Uruñuela como firmante en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis, que también se ha negado a declarar y para quien la Fiscalía ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 296.935 euros y la responsabilidad subsidiaria de la Federación Agroalimentaria de CCOO a nivel estatal.
También ha comparecido ante Alaya José F. Pardo Fernández, alto directivo, consejero y representante e "interlocutor" de A Novo Comlink con la Consejería de Empleo, que tampoco ha declarado y para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil de 1,5 millones de euros, solicitando además que se imponga una fianza de 39.952.000 euros a A Novo España y de manera subsidiaria a A Novo Francia.
Por último, ha comparecido Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa que según Alaya resultó beneficiario de una póliza vinculada a A Novo "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" y pese a que no habría prestado "servicios efectivos" para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.
Este último imputado también se ha negado a declarar, pidiendo la Fiscalía para él una fianza civil de 495.251,69 euros, más el tercio legal, y la responsabilidad solidaria del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz al entender que "intervino" en la póliza referida, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.
