SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado este jueves que la Junta de Andalucía "mantenga a 41.000 dependientes con derecho a la prestación en lista de espera", lo que "equivale al 30 por ciento de la lista de espera en toda España", y muestra, según sus palabras, que "mientras que en otras comunidades se ha mejorado en la gestión de la prestación, en Andalucía se ha retrocedido".
En una nota, Sanz ha incidido en que Andalucía es "la comunidad autónoma con mayor número de dependientes en lista de espera", y ha pedido al Ejecutivo autonómico que "reconozca su responsabilidad en la gestión y deje de culpar al Gobierno de España por sus retrasos, ya que otras comunidades, en las mismas condiciones, han aumentado los beneficiarios".
Tras insistir en que, "a final de marzo, Andalucía tenía en lista de espera a 41.000 personas con la dependencia reconocida", el delegado del Gobierno ha remarcado, además, que la comunidad autónoma recibió para la financiación de la Dependencia durante la legislatura del presidente Mariano Rajoy un total de "818,5 millones de euros más que en la anterior", cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que "no vale tratar de responsabilizar al Gobierno de España de la ineficacia del Gobierno andaluz".
"Las condiciones de financiación son las mismas para todas la comunidades autónomas", ha dicho el delegado, que ha añadido que es la Junta de Andalucía "la que deberá explicar por qué un dependiente andaluz no recibe sus prestaciones con la misma rapidez y seguridad que los del resto de las regiones españolas".
Sanz ha citado, a este respecto, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del 29 de mayo de 2014, que "corroboró que la transferencia de fondos desde los Presupuestos Generales del Estado a las comunidades autónomas para la financiación de la atención a la Dependencia ha aumentado".
Además, ha recordado a la Junta que el Tribunal de Cuentas "señaló también que la financiación adicional de la Ley 22/2009, de financiación de las Comunidades Autónomas, compensa con creces la suspensión en 2012 del nivel acordado de financiación --acuerdos de la AGE con cada una de las CC.AA.-- previsto hasta la implantación definitiva de la Ley de Atención a la Dependencia, en 2015".
En definitiva, Sanz considera que "las mejoras en el Sistema de la Dependencia" impulsadas por el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, han configurado "un sistema más justo y solidario, que garantiza la calidad y la sostenibilidad del sistema, mantiene intactos los derechos y el baremo de valoración del Gobierno anterior, amplía el catálogo de servicios y prestaciones, da prioridad a los grandes dependientes e impulsa la creación de empleo".
Por todo ello, Antonio Sanz ha pedido al Gobierno andaluz que "no mienta" sobre dependencia, "ponga fin a la campaña de falsedades que está llevando cabo con fines puramente electoralistas y de modo desleal", y "se sume al consenso y a los objetivos políticos compartidos por todos" en favor de un sistema de dependencia que es "un pilar del sistema de bienestar".
