Juez cree que no se ha acreditado riesgo en el parking de Ronda Triana pero alude a indemnizaciones

Actualizado 11/03/2008 13:29:01 CET

Vecinos critican que el juez sólo ha tenido en cuenta los primeros informes y se reunirán para decidir un posible recurso de apelación

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla Luis Alfredo de Diego ha emitido ya el auto por el que se decide levantar la orden de paralización impuesta con anterioridad sobre el aparcamiento de Crucero Baleares, en la Ronda de Triana de Sevilla --a raíz de un recurso interpuesto por los vecinos por los daños registrados en sus viviendas--, dado que no se ha acreditado un peligro "inminente, ni siquiera probable, por la prosecución de las obras".

No obstante, en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez alude a las posibles acciones resarcitorias por daños que la intercomunidad de propietarios Ronda de Triana III, mayoritariamente conformada por vecinos afectados de los números 32 y 34 de la calle Manuel Arellano, "pueda ejercitar contra quien le parezca oportuno".

De Diego, además, recuerda que las medidas se adoptan bajo la cláusula 'rebus sic stantibus', que significa que ante circunstancias o hechos nuevos puede volver a solicitarse la medida denegada o a modificarse la acordada.

La medida deviene de la comparecencia acordada entre ambas partes el pasado viernes 7 de marzo, en la cual, a juicio del magistrado, ninguno de los peritos aportados por los residentes afectados "pudo sostener que peligrase la estructura de los edificios afectados por las obras", siendo la afirmación más cercana a este extremo el hecho de que la situación estaba "dentro de los límites de la tolerancia", es decir, con un desplazamiento del edificio de 47 milímetros.

Asimismo, el juez recuerda que en la comparecencia "ni un solo perito" aconsejó mantener la paralización, dándose el caso de que uno de ellos no sugería detener los trabajos, sino adoptar medidas de seguridad tales como "sellar todas las juntas de los bataches y reforzar todo el arriostramiento". En este sentido, continuar las obras supondría también un "refuerzo", con la losa de hormigón y el levantamiento de los forjados, siendo "contraproducente" prolongar el estado en el vaciado de la segunda fase.

El titular del juzgado concluye eximiendo de costas a los vecinos, ya que, apostilla, "no puede ignorarse la inquietud y el desasosiego de los residentes en los edificios de la intercomunidad solicitante ante lo que ellos evidenciaban como un peligro real para sus bienes".

LOS VECINOS ESTUDIAN LA DOCUMENTACIÓN.

Por su parte, la portavoz de los vecinos afectados, Concepción Sánchez, expresó a Europa Press que se convocará "de inmediato" una asamblea vecinal para estudiar la posibilidad de un recurso de apelación, extremo que el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 deja abierto, así como cualquier otra medida judicial a adoptar.

Con respecto a los términos en los que se pronuncia el juez, Sánchez criticó el hecho de que el magistrado "únicamente haya tenido en cuenta el primer informe del arquitecto presentado, y no los posteriores", si bien remitió a la finalización del análisis de la documentación, "por fin" facilitada a los vecinos por el Ayuntamiento, para una valoración más profunda.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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