Juzgan hoy a un hombre acusado de secuestrar y torturar a otro que robó una radio a su hermano

Actualizado 11/05/2006 7:42:50 CET

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministerio fiscal solicita una pena de ocho años y medio de prisión para un hombre de 37 años acusado de secuestrar y torturar a otro durante tres días por haberle robado, y vendido posteriormente, un radio-cassette a su hermano. La vista oral por el caso se celebrará hoy, según está previsto, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron en una fecha no concretada de entre julio y septiembre de 2002. Entonces, el procesado, M.M.S., hizo que su víctima, A.R.F., acudiera al domicilio del primero, situado en la calle Higuera de la capital hispalense, con el pretexto de que le invitaría a consumir drogas.

Una vez en la vivienda, y con el ánimo de que la víctima confesara si había sustraído unos días antes un radio-cassette a un hermano del procesado, éste último comenzó a golpearle sin que conste que le causara lesiones; tras atarle de pies y manos, le retuvo, siempre según el fiscal, hasta que le dijese lo que quería saber.

En el periodo que lo tuvo retenido, no le dio de comer, ni le permitió que hiciera sus necesidades, con lo que se vio obligado a hacérselas encima. Al tercer día, la víctima se confesó autor de la sustracción del aparato y le manifestó al inculpado el nombre de la persona a la que se lo había vendido. Entonces, el procesado le soltó e hizo que la víctima le acompañara hasta el domicilio del comprador. pero éste no se hallaba en el mismo y permitió a la víctima que se marchara.

Para el ministerio público, los hechos relatados son constitutivos de un delito de secuestro y otro de torturas, señalando que no existen circunstancia modificativas de la responsabilidad penal.

Así, se pide una pena de siete años de prisión por el delito de secuestro, y otra de un año y seis meses de cárcel por el de torturas, así como al pago de las costas procesales e una indemnización en favor de la víctima de 1.000 euros por los daños morales que supuestamente le causó.

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