Juzgan mañana al presidente de una asociación cultural por estafar a inmigrantes

Actualizado 15/02/2006 17:19:14 CET

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará mañana al presidente de la Asociación Cultural de la Comunidad de Inmigrantes de los Pueblos y Naciones de Africa Occidental, P.J., de 35 años, como presunto autor de un delito continuado de estafa, al realizar 19 ofertas de trabajo "ficticias e irrealizables" a otros tantos inmigrantes subsaharianos y cobrarles por ello.

En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita seis años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como una indemnización para los dos únicos inmigrantes estafados por P.J. que han podido ser localizados --su situación administrativa irregular dificulta el proceso--, que sería de 600 euros para K.C. y de 250 euros para K.O., que en un principio pagó 400 --el acusado le pidió 600--, pero al que le fueron reintegrados 150 euros por parte del encartado, con la intención de que no denunciara.

La asociación de la que es presidente P.J. tiene su sede en el domicilio particular del acusado, sito en el municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), concretamente en el dormitorio del acusado, en el que convivía junto a otras cinco personas. Fuentes de la Consejería de Gobernación consultadas por Europa Press indicaron que existe constancia del registro de esta asociación, que en 2004 pidió subvenciones para tres proyectos, denegadas en su momento por la Junta de Andalucía.

Al acusado acudían los inmigrantes llegados a esta ciudad a fin de solicitar información y ayuda para legalizar su situación administrativa, dada la confianza que les ofrecía el mismo como representante de una asociación, que aparentemente tenía una finalidad altruista.

P.J., actuando en nombre de la asociación --ésta como empleadora-- realizó las ofertas de trabajo desde octubre de 2002 hasta julio de 2003. En concreto, las ofertas fueron de nueve plazas de peón, cuatro para servicios de limpieza, seis para mozos, dos para auxiliares y una para profesor, a cambio de las cuales exigía diversas cantidades de dinero, que le fueron entregadas ante el "absoluto desconocimiento" de los afectados del ordenamiento jurídico español.

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