Soler dice que la liberalización eléctrica mejora las condiciones al consumidor, que podrá elegir entre diez compañías

Actualizado 02/07/2009 17:07:56 CET

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler, aseguró hoy que la liberalización del sector eléctrico, que entró en vigor ayer, no implicará consecuencias sobre la calidad del suministro y mejorará las condiciones para los 4,4 millones de usuarios, que podrán contratar el suministro con diez compañías comercializadoras, mientras que hasta ahora sólo podían hacerlo con una.

En comparecencia parlamentaria, Soler explicó que el proceso es regulado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que las Comunidades Autónomas se limitan a la vigilancia y supervisión de la correcta aplicación de las tarifas y de la actividad de distribución. Así, afirmó que con la liberalización del mercado eléctrico comienza "una nueva etapa" para el consumidor "con las máximas garantías y donde ha de ser consciente de la necesidad del ahorro de enrgía". Además,

De este modo, mencionó que a las grandes empresas ya instaladas en el país, como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Eon o Hidrocantábrico, que pondrán a disposición del consumidor sus propias ofertas, se unen también nuevas comercializadoras como Céntrica Energía, Factor Energía, Gesternova, Nexos Energía y Eléctrica de Cádiz, ésta última específica para la provincia gaditana.

El consejero garantizó que el Gobierno andaluz seguirá cumpliendo con su obligación de "velar por la calidad del suministro y del servicio prestado al consumidor". En esta línea, la Junta de Andalucía colabora en la labor de información al consumidor sobre este proceso de liberalización, habilitando información en las páginas web de las Consejerías de Innovación y Salud y Consumo, a través del teléfono gratuito de Atención al Consumidor y con la edición de folletos informativos que se han repartido por ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de vecinos y otras entidades.

Recordó que este proceso de liberalización se produce en cumplimiento de una directiva europea que exige un mercado de electricidad con mayor grado de competencia, una mayor eficiencia y reducciones del precio de la energía. Esta normativa ha sido adaptada al Estado español a través de la Ley del Sector Eléctrico, que recogía la liberalización paulatina de este mercado, un proceso que culminaba el 1 de julio con la liberalización para los usuarios de menor consumo.

Añadió que, hasta la entrada del mercado libre, la distribución y comercialización de la energía la realizaba de manera conjunta una única empresa, mientras que a partir de ahora serán firmas distintas las que distribuyan y comercialicen la energía eléctrica. Los usuarios tendrán que contratar el suministro con comercializadoras, que serán quienes proporcionen la energía a través de las infraestructuras existentes.

Estas infraestructuras son propiedad de las empresas distribuidoras, que serán responsables de responder ante posibles averías. En el caso de Andalucía, la empresa distribuidora y, por tanto, responsable de la calidad del suministro, continúa siendo Sevilla Endesa para la práctica totalidad de los consumidores.

Asimismo, el Gobierno central fijó una Tarifa de Último Recurso (TUR) para aquellos consumidores que no deseen acceder a precios libres, que se corresponde con la que ya está siendo aplicada por el distribuidor habitual. No obstante, con la liberalización del mercado, las empresas comercializadoras realizarán ofertas al consumidor que mejoren esta tarifa.

BONO SOCIAL Y COMERCIOS

Además, para los sectores de población más vulnerables (pensionistas, familias numerosas, familias con todos los miembros en desempleo) y para aquellos que tienen una potencia contratada inferior a tres kilovatios, se pone en marcha el bono social, que cubrirá la diferencia entre la TUR y una tarifa reducida.

Los 179.000 consumidores andaluces que tienen contratada una potencia de más de diez kilovatios, fundamentalmente pequeñas empresas, han debido contratar el suministro antes del 1 de julio con alguna empresa comercializadora. Si no lo han hecho, se les aplicará un precio fijado por el Ministerio de Industria, que crecerá trimestralmente al objeto de incentivar el paso al mercado liberalizado.

En este marco, Soler destacó que este proceso de liberalización no supondrá ninguna merma en la calidad del suministro eléctrico en Andalucía y, además, beneficiará al usuario, al contribuir al establecimiento de precios más bajos.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Asimismo, para facilitar la adaptación de los usuarios a este nuevo escenario, el Ministerio de Industria ha puesto en funcionamiento dos instrumentos: una Oficina de Cambios de Suministrador, responsable de supervisar el cambio al mercado liberalizado y de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos en el proceso; y la Oficina de Defensa del Consumidor de Productos Energéticos, que se encargará de informar y atender al consumidor y resolver posibles controversias entre usuarios y operadores.

Las recomendaciones que se realizan a los usuarios ante este cambio de modelo son recopilar información sobre las comercializadoras y sus ofertas antes de tomar una decisión, analizar las últimas facturas para ver el consumo medio y la potencia que les interesa contratar, leer detenidamente toda la información de las ofertas y guardar siempre la publicidad y contratos que les ofrezcan.

También, se aconseja no precipitarse en la toma de decisión y se recuerda que, en caso de avería, deben dirigirse a su distribuidora (Sevillana Endesa) y no a la comercializadora.

Por su parte, el parlamentario popular Salvador Fuentes criticó la "descomunal desinformación y secretismo" de las Administraciones públicas a los usuarios en torno al proceso y las nuevas tarifas, añadiendo la existencia además de "trabas por parte de las eléctricas y la subida encubierta de los precios" del ministerio de Industria.

Además, advirtió de una "falta de política energética" por parte del Gobierno y apostó un mix energético que englobe las modalidades hidráulica, nuclear y eólica para "reducir la dependencia del 80 por ciento existente en España y que afecta la economía".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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