Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han ejecutado hoy una orden de desalojo dictada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla para el edificio de la calle Heliotropo que antaño albergase la antigua fábrica de sombreros Fernández Roche, identificando a cinco 'ocupas' que habitaban este inmueble propiedad del grupo inmobiliario 'Tempa' sin llegar a consumar detención alguna, puesto que el desalojo no ha conllevado incidentes.
Fuentes policiales informaron a Europa Press de que a primera hora de hoy, un dispositivo de la Policía Nacional ha consumado la citada orden de desalojo con la identificación de cinco personas que se encontraban en el interior del edificio, diseñado por el arquitecto José Espiau Muñoz, --referente del regionalismo sevillano--, y habitado desde hace aproximadamente un año por un colectivo constituido como asamblea del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Fábrica de Sombreros'.
El desalojo se ha realizado sin incidentes y los agentes han "entregado" el edificio al grupo inmobiliario 'Tempa', que recientemente aseguraba que el inmueble "en ningún momento ha sido abandonado", dado que el colectivo de 'ocupas' había acusado a la propiedad del edificio de incumplimiento del deber de conservación y abandono del inmueble.
LA PROPIEDAD DEFIENDE SU LEGITIMIDAD
Un portavoz del grupo inmobiliario 'Tempa', de hecho, explicó a Europa Press que una vez que la compañía se hizo con la propiedad de este edificio diseñado, el inmueble fue dotado de "alarma y vigilancia", si bien reconoció que hace aproximadamente un año y medio se constató la ocupación "ilegal" del conjunto por parte de este colectivo, extremo confirmado "en una visita posterior".
De cualquier manera, el grupo inmobiliario 'Tempa' defendió su titularidad en cuanto a este inmueble delimitado entre el número 61 de la calle Castellar, los números dos, tres y cuatro A de la calle Heliotropo y el número 17 de la calle Maravilla, en el barrio de San Luis y recordó que la denuncia formulada contra el colectivo de 'ocupas' del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) Fábrica de Sombreros obedece a sus derechos como "propietario" de estas fincas.
A tal efecto, la propiedad del edificio negó las acusaciones del colectivo de ocupas en cuanto al supuesto "abandono" del edificio, porque "el inmueble en ningún momento ha estado abandonado", prueba de ello, según la empresa, es la denuncia por ocupación ilegal y la posterior ratificación de esta demanda ante el Juzgado de Instrucción número 20, al que la Fiscalía había requerido recientemente que ordenase a la Policía Nacional la identificación de las personas que habitaban este inmueble.
El colectivo de 'ocupas', de su lado, había entregado al juzgado un informe sobre de la historia de la antigua fábrica y su valor patrimonial, así como una memoria de actividades que se han desarrollado a través del Centro Social Ocupado y Autogestionado y las asociaciones y organizaciones que colaboraban en el día a día del edificio. Igualmente, se había entregado un manifiesto de apoyo firmado por 70 colectivos y las firmas de aproximadamente 1.200 vecinos que respaldan la iniciativa.
AUTOINCULPACIONES
Además, el colectivo de 'ocupas' había entregado a la citada instancia judicial varias "autoinculpaciones de personas y colectivos" que declaran usar el inmueble "y se consideran corresponsables solidarios del delito que se les pueda imputar a sus ocupantes", por lo que solicitan que se les llame a declarar. Entre ellos, según este colectivo, figuraba el diputado autonómico de IU-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, si bien la organización contaría con otras 150 personas dispuestas a autoinculparse.