El Supremo confirma la sentencia contraria a la calificación de 'Casas Viejas' como SIPS

Actualizado 14/12/2011 15:08:03 CET

El Ayuntamiento había anunciado a finales de 2007 una posible expropiación coincidiendo con el desalojo de la antigua casa 'ocupa'

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación promovidos por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en junio de 2008, estimó el recurso impulsado por la comunidad de bienes Hermanos Bordas Marrodán contra las determinaciones del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativas a la calificación de la finca de lo que antaño fuera el Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) 'Casas Viejas', como suelo de interés público y social (SIPS).

Se trata, según han informado a Europa Press fuentes del caso, de una sentencia emitida el pasado 19 de octubre de 2011 por el Tribunal Supremo, desestimando los recursos de casación promovidos por el Consistorio hispalense y la Administración autonómica contra un fallo previo dictado por el Alto tribunal andaluz el 6 de junio de 2008. La sentencia del TSJA, en ese sentido, había estimado el recurso contencioso administrativo formalizado por la comunidad de bienes Hermanos Bordas Marrodán contra los aspectos del planeamiento urbano, aprobado definitivamente en 2006, que calificaban como SIPS la finca número 40 de la calle Macarena, donde se alzaba el mencionado centro del movimiento 'ocupa' hasta el conocido y polémico desalojo consumado a finales de noviembre de 2007.

EL DESALOJO DE 'CASAS VIEJAS'

El desalojo, de gran impacto mediático en Sevilla por aquellas fechas, fue consumado por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía merced a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 24 que reconocía, a todos los efectos, la plena titularidad de la comunidad de bienes Hermanos Bordas Marrodán por lo que a dicha finca se refiere.

La sentencia en cuestión ordenaba el desahucio de los siete 'ocupas' que fueron demandados por la comunidad de bienes Hermanos Bordas Marrodán y de "los demás moradores y poseedores sin título o inciertos con apercibimiento" que habitaran tanto el recinto del Centro Social Ocupado y Autogestionado, como la vivienda anexa del número 23 de la calle Aniceto Sáenz, pues "los demandados, así como personas no determinadas, están ocupando sin título alguno" los inmuebles referidos.

EL AYUNTAMIENTO PLANEABA UNA EXPROPIACIÓN

Una vez consumado el desalojo, el socialista Emilio Carrillo, por entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, anunciaba públicamente que la Administración local planeaba expropiar al menos parte de la finca para dotar al barrio del Pumarejo, en el norte del casco histórico, de nuevos equipamientos públicos, toda vez que la legítima propietaria de los suelos, la comunidad de bienes Hermanos Bordas Marrodán, esperaba edificar viviendas de nueva planta. En aquellas fechas, Carrillo defendía que el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reservaba "una parte muy importante" de estos terrenos para la instalación de equipamientos públicos.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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