SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
PP-A, Podemos e IULV-CA han coincidido en elevar la responsabilidad política por el presunto fraude de la formación a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, mientras que Ciudadanos (C's) la exime y considera a los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán como los máximos responsables políticos. Si bien, el PSOE-A defiende que no hay responsabilidad política de los cargos de la Junta, ni de los funcionarios y niega la existencia de "ningún tipo de trama".
Así lo han trasladado los distintos grupos políticos en sus conclusiones de la comisión de investigación creada en el Parlamento, cuyo plazo para presentarlas finaliza este lunes a las 19,00 horas, después de que fuera ampliado en una semana por unanimidad de las formaciones, a petición de Podemos e IULV-CA.
En su escrito de conclusiones, el PP-A ha cifrado "la factura del perjuicio económico" del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones, de los cuales 822,3 millones son fondos estatales perdidos, a los que hay que sumar 46,9 millones de fondos europeos. Además, hay 539 millones de cantidades pendientes de justificar; 60 millones de reintegros pendientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); 20 millones de reintegros pendientes de los Consorcios de Formación; 82,4 millones de reintegros no devueltos de entidades a las que reclama; y 400 millones de cantidades que la Junta aún adeuda a entidades del final de las liquidaciones.
Los 'populares' elevan responsabilidades políticas a 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además Díaz y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, María Jesús Montero y Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.
Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves encabezan el listado de responsables políticos del supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo elaborado por Podemos. La formación morada considera que a la presidenta de la Junta le corresponde la responsabilidad de paralizar los cursos de formación y, en consecuencia, la pérdida de 800 millones de euros en concepto de presupuesto de formación que la Junta ha dejado de ingresar en los últimos cinco años.
En su informe de conclusiones, Podemos recuerda que, según el artículo 40 de la Constitución Española, la formación profesional no sólo es un derecho de la ciudadanía sino un deber a facilitar por parte de los gobernantes, "artículo éste que ha sido incumplido por la presidenta Susana Díaz durante un periodo de cinco años sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia para un millón de personas desempleadas en Andalucía", ha señalado el portavoz de la formación morada en la comisión, Juan Ignacio Moreno Yagüe.
IULV-CA ve responsabilidad política en Manuel Chaves y José Antonio Griñán y "negligencia" en la acción de la actual mandataria autonómica, Susana Díaz. El portavoz parlamentario de la federación de izquierdas, Antonio Maíllo, ha precisado la acusación sobre Díaz --y sobre el consejero José Sánchez Maldonado-- en la conversión de una acción "prudente", como es la paralización de la convocatoria de los cursos por la detección de irregularidades en los mismos, en un periodo de tres años "sin resolver o realizar una investigación exhaustiva" sobre las mismas para volver a la "normalidad".
Respecto a los expresidentes, IU centra la carga sobre todo en Chaves, por elegir a los responsables de las consejerías de Empleo --recuerda también la responsabilidad 'in vigilando' del mismo, dada sus competencias de control y evaluación-- y ser aquel mandatario bajo cuyo gobierno se acabó "pergeñando" esta estructura, mientras a Griñán le ve responsable político 'in eligendo' por el nombramiento de los titulares de las consejerías de Empleo en su mandato. Además, ve con responsabilidad política a los titulares de Empleo y de la Viceconsejería competente en Formación, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012; responsable político directo al titular de la Consejería de Empleo desde 5 de mayo de 2012 a 8 de septiembre de 2013, así como a los titulares de la dirección y delegaciones del SAE.
Para C's, deben de ser responsables "por su mala gestión y sus decisiones" los cargos políticos de la Consejería de Empleo que se han sucedido con competencia en la formación desde que se detectaron las primeras incidencias a través del primer informe de la Cámara de Cuentas del año 2004, referido al año 2002, hasta que se procedió a la suspensión de las subvenciones de la formación en el año 2012. En consecuencia, también señalan a Chaves y a Griñán "dado que ellos encarnan la máxima responsabilidad de todas las políticas desarrolladas por la administración andaluza".
Mientras exime de toda responsabilidad política a la presidenta de la Junta, la formación naranja ve que los expresidentes son responsables por haber sido quienes han puesto al frente a los consejeros en la Consejería de Empleo. Así, señala como responsables de la situación de la subvenciones de la formación a los diversos directores generales y altos cargos, que se han sucedido hasta el 2012, con competencias en formación, dentro de las consejerías de Empleo. Con todo, C's cree que a día de hoy no existe menoscabo de fondos públicos, pero "lo que no alberga duda, es la existencia del menoscabo social que se ha producido en Andalucía".
PSOE-A: "NO HAY MENOSCABO DE FONDOS"
Por su parte, los socialistas descartan en su escrito de conclusiones la existencia de "ningún tipo de trama" en torno a las ayudas de la formación y de responsabilidades políticas de los cargos de la Junta, ni de los funcionarios, destacando además que en las comparecencias de los interventores en la comisión de investigación "se rechazó que haya existido menoscabo de fondos públicos".
Apuntan que "del paso de todos los comparecientes hay una primera idea que ya nadie discute: nadie comparte la teoría de la conspiración". Así, según señalan, "las ayudas se daban con órdenes reguladoras previas, con arreglo a la normativa básica estatal; la normativa no se ha diseñado para el fraude, y las deficiencias detectadas en los informes especiales son de carácter administrativo y en ningún caso de trascendencia penal".
