UTO-UGT apunta que a finales de 2014 había diez asociaciones vendiendo
juego ilegal con 1.151 colaboradores, "sin Seguridad Social ni derechos"
SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Trabajadores de la ONCE de UGT (UTO-UGT), sindicato mayoritario en la ONCE, con casi el 90 por ciento de la representatividad sindical, se ha manifestado este lunes a las 12,00 horas ante todas las sedes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de Andalucía debido a "la absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE, así como el trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores de la organización, todos ellos discapacitados".
A través de un comunicado el Comité Estatal de UTO-UGT ha informado, como continuación de la campaña emprendida desde hace más de un año, 'El Juego Ilegal NO es un Juego', que va a "movilizarse y salir a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen contra entidades manifiestamente ilegales, como la Organización Impulsora Discapacitado (OID), entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, y emplean de forma 'torticera' la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores de la ONCE".
"En Andalucía, a finales de 2014 había un total de diez asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles, que utilizaban para ello 1.151 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 38 millones de euros", según los datos de UTO-UGT, que precisa que en el conjunto del Estado "el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones".
Con la campaña 'El Juego Ilegal NO es un Juego', se trata de "sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía", han asegurado desde UTO-UGT.
Además, este sindicato ha considerado "muy escasas y poco rotundas" las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial se trata de una Organización "con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad", con una "actitud perseverante" en la ilegalidad, con "ausencia de aprecio por la legalidad vigente", lo que constituye un "grave atentado contra el orden jurídico, y todo ello sin consecuencias para el infractor".
Desde UTO-UGT, "como defensores de los trabajadores de la ONCE, así como de la prestación de servicios que ofrece a las personas ciegas y con otra discapacidad --a través de la Fundación ONCE--, además de constituirse en el mayor motor del empleo para personas con discapacidad en nuestro país", han reiterado su postura "radical y rotunda" contra el juego ilegal en todas sus expresiones.
También, el sindicato ha declarado "no poder tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución".
UTO-UGT ha exigido, con "carácter de urgencia", la intervención de la Administración del Estado para que, "de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID."
Para ello, dicho sindicato ha informado que "iniciará cuantas acciones considere convenientes para denunciar la pasividad e inacción del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad erradicar esta lacra de juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores de la ONCE".
