Fueron procesados en 2015 por un posible delito de prevaricación administrativa y el asunto se ha resuelto por conformidad
UTRERA (SEVILLA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La causa judicial incoada en 2014 contra los concejales del PP de Utrera (Sevilla) Francisca Fuentes y Wenceslao Carmona, este último ya fuera de la esfera municipal, por un posible delito de prevaricación administrativa cometido al negarse supuestamente a firmar una multa a una empresa por usurpación de una parcela municipal, ha quedado resuelta mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa de ambos.
Mediante dicho acuerdo de conformidad, según figura en un escrito de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente recogido por Europa Press, se habría acordado con la defensa de Francisca Fuentes y Wenceslao Carmona un "escrito de calificación conjunto", en el que el Ministerio Público retira todas sus referencias a Francisca Fuentes, actual presidenta del PP de Utrera, siendo además acordada su "absolución" de la causa.
En cuanto a Wenceslao Carmona, otrora concejal responsable del área de Urbanismo durante el gobierno de coalición entre el PA y el PP y ya desligado de la política, asumiría una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el urbanismo, según el mencionado documento.
La causa judicial nació allá por 2014 como consecuencia de una querella formulada contra ambos miembros del PP por la Fiscalía de Dos Hermanas, después de que el PSOE alertase del asunto. En concreto, la Fiscalía les atribuía un presunto delito de prevaricación administrativa, por su supuesta negativa a firmar una sanción urbanística de más de un millón de euros contra una empresa, por la supuesta usurpación de una parcela de titularidad municipal.
En su defensa, los populares alegaban que el asunto se remontaba al año 2001 y derivaba del compromiso "verbal" del entonces concejal por el PSOE Francisco Moreno, para entregar o "ceder" a un ciudadano una parcela municipal cuyo uso había reclamado este último. Así, achacaban el conflicto a una presunta mala praxis del PSOE.
EL PAPEL DE FRANCISCA FUENTES
Según alegaban ambos miembros del PP, la propuesta de sanción derivada del expediente sancionador incoado años atrás por la usurpación de estos suelos municipales y llegó a manos de Francisca Fuentes inmediatamente después de que ésta asumiese eventualmente las competencias de Urbanismo, pues Wencesalo Carmona, entonces concejal responsable de Urbanismo, acababa de sufrir un accidente doméstico y se había dado de baja.
"Al comenzar a ejercer en Urbanismo, recibí la sanción a una persona física, a un ciudadano, y me parece que una sanción de un millón de euros a una persona física no existe y entendí que podía haber un error numérico, con lo que devolví (el expediente) para consultar la cantidad y asegurarme de que era correcta". "Soy licenciada en derecho y me parecía extraño", defendía Francisca Fuentes en su momento.
Wencesalo Carmona, de su lado, explicaba que la propuesta de sanción habría sido elevada a la figura del concejal de Urbanismo sin que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hubiesen aclarado "si el expediente había caducado o no", pues en el marco de la instrucción del expediente sancionador, el afectado habría alegado que los hechos habían prescrito.
No obstante, ambos miembros del PP fueron finalmente procesados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera allá por mayo de 2015, poco antes de las elecciones municipales de aquel año.
REFRIEGA POLÍTICA
La imputación inicial de Francisca Fuentes y Wenceslao Carmona, quienes cogobernaban junto al andalucista Francisco Jiménez en el pasado mandato, desencadenó un fuerte debate político en el que el socialista José María Villalobos, entonces como jefe de la oposición y actual alcalde de Utrera, acusaba al entonces primer edil andalucista de "mantener su pacto de gobierno con concejales corruptos".
Dicha expresión motivó que los populares promoviesen contra Villalobos una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias, siendo el ya primer edil llamado a declarar en calidad de querellado.
