SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha resuelto archivar las diligencias incoadas contra el alcalde de Coripe, Antonio Pérez (PSOE), y su concejal de Festejos, Irene García Galván, a cuenta de la denuncia promovida por Movimiento contra la Intolerancia, como consecuencia de la incineración de una muñeca que representaba la imagen de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, durante la tradicional Quema de Judas de dicha localidad de la Sierra Sur.
El propio Antonio Pérez ha informado a Europa Press de que ha recibido una notificación de la Fiscalía, en la que el Ministerio Público da cuenta de su decisión de "archivar las diligencias" en las que figuraban investigados tanto él como su edil responsable de Festejos, bajo la premisa de que la celebración denunciada por Movimiento contra la Intolerancia no supone finalmente "indicios de delito de odio".
En ese sentido, el alcalde de Coripe ha insistido en que la tradicional Quema de Judas de dicha localidad carece de cualquier matiz "racista o xenofobo", tratándose de una "representación teatral" en la que se quema "el mal" representado por una figura de alguien cuyos actos se encuadren en comportamientos reprobables o censurables.
A tal efecto, ha recordado que a lo largo de los años, en la Quema de Judas, declarada de fiesta de Interés Turístico Nacional, han sido incineradas figuras que representaban a múltiples personalidades de la vida pública, como consecuencia de sus actos reprobables.
Así, Antonio Pérez ha manifestado que la notificación de la Fiscalía le deja "mucho más tranquilo", reconociendo la inquietud que sufrían tanto él como su concejal de Festejos al estar siendo investigados por la Fiscalía, ante la cual prestaron declaración recientemente.
LA QUEMA DE JUDAS
El pasado abril, la Fiscalía de Sevilla instruyó diligencias para investigar la denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia, que envió a la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla un vídeo de esta celebración que tuvo lugar el pasado Domingo de Resurrección para denunciar los hechos, lo que supuso que el Ministerio Público abriese una investigación.
La asociación solicitó a la Fiscalía "la apertura de diligencias de investigación que clarifiquen responsabilidades ante estos hechos por si los mismos fueran constitutivos de un delito contra las libertades y derechos fundamentales del 510 del Código Penal".
Para la asociación, se trata de unos hechos que, a su vez, son "contrarios a los más elementales principios del derecho reparador" y "obvian el necesario interés del menor, que ha de ser protegido en todo momento", ya que "públicamente" fomentan "el odio y la violencia hacia la muñeca representativa de la confesa criminal del niño Gabriel" y en ellos "podrían desarrollarse estereotipos y prejuicios de naturaleza racista, misógina y xenófoba".
La citada muñeca representativa de Ana Julia, según la asociación, fue llevada a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros que, antes de colgarla, le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad.
Durante el transcurso de los hechos se escucharos expresiones "vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia", y todo esto se realizaba en un contexto popular con "menores presenciando los hechos", según subraya la asociación.
