Un juzgado revisa este miércoles la multa impuesta a un edil de IU por una protesta no autorizada

 

Un juzgado revisa este miércoles la multa impuesta a un edil de IU por una protesta no autorizada

Publicado 10/05/2016 16:31:57CET

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla revisará este miércoles por la mañana el recurso promovido por el portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento de Utrera, Carlos Guirao, contra una sanción administrativa de 300 euros que le fue impuesta por la Subdelegación del Gobierno, a cuenta de la celebración de una concentración a las puertas del Consistorio utrerano, sin que tal movilización contase con autorización previa.

El propio Carlos Guirao ha explicado a Europa Press que la concentración de protesta fue celebrada allá por 2013, cuando el Ayuntamiento de Utrera estaba gobernado por el andalucista Francisco Jiménez, en coalición con el PP. "Como ya se defendió en las numerosas alegaciones y recurso presentados a la sanción, la concentración se desarrolló de manera pacifica y fue además disuelta, una vez los agentes de la Guardia Civil así lo solicitaron", defiende IU-CA.

Guirao reconoce que la concentración como tal no contaba con autorización previa, pero en paralelo opina que la sanción que le impuso la Subdelegación del Gobierno tuvo connotaciones "políticas", exponiendo que la misma comenzó a ser tramitada como una infracción "grave" de la Ley, con propuestas de sanción económica muy elevadas, y ha sido gracias a sus alegaciones e impugnaciones como la tipificación ha sido rebajada a leve.

A tal efecto, ha recordado que recientemente, y mediante una resolución recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla declaraba "contrarias a Derecho" y dejaba sin efecto las resoluciones con las que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla confirmó siete multas contra tres militantes de la asamblea de IU-CA en Espartinas, por supuestos actos "no pacíficos" durante una protesta celebrada en 2013 contra la subida del impuesto de bienes e inmuebles (IBI) que promovía en aquella época el por entonces alcalde 'popular' de dicha localidad sevillana, Domingo Salado.

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