SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El magistrado instructor de la causa que se sigue en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra los cuatro aforados andaluces imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha preguntado al Parlamento andaluz si los mismos han dejado ya de ser diputados y, por tanto, han abandonado su condición de aforados.
En este sentido, fuentes del Alto Tribunal andaluz han informado a Europa Press de que fue el pasado viernes cuando el TSJA remitió un oficio al letrado mayor del Parlamento de Andalucía en el que solicita que le informe sobre si estos cuatro aforados siguen siendo parlamentarios, y por tanto aforados, o han perdido ya esa condición.
Hay que recordar que los cuatro exconsejeros, como son Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, formaban parte de la Diputación Permanente del Parlamento y, por tanto, seguían siendo aforados, una condición que ya han perdido tras la constitución el pasado jueves del Parlamento, del que ya no forman parte.
A día de hoy, el Parlamento de Andalucía no ha contestado al oficio remitido por el magistrado instructor de los ERE en el TSJA en torno a los cuatro exconsejeros, todos los cuales, a excepción de Manuel Recio, han comparecido ya en calidad de imputados y de manera voluntaria ante el magistrado instructor.
Una vez que el Parlamento conteste y certifique que han dejado de ser diputados y, por tanto, han dejado de estar aforados, el Alto Tribunal andaluz deberá resolver sobre la competencia para instruir la causa relativa a los cuatro exconsejeros, que podría pasar a ser de la juez Mercedes Alaya, quien de este modo ya podría citarlos a declarar en su Juzgado.
LA POSTURA DE LA FISCALÍA
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se declaró el pasado mes de marzo provisionalmente competente para la investigación de los cuatro exconsejeros andaluces a pesar de que la Fiscalía había pedido que se declarara incompetente y devolviera la causa a la juez Mercedes Alaya una vez los cuatro exconsejeros perdieran su condición de aforados al dejar de pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento.
Así, la Fiscalía Superior de Andalucía presentó un dictamen en el que solicitaba a la Sala Civil y Penal que se declarara incompetente para el conocimiento de la causa "dado el hecho notorio de la imposibilidad de concluir la instrucción y dictar, en su caso, auto de apertura de juicio oral antes de la probable pérdida de aforamiento" de los cuatro exconsejeros.
Frente a ello, el TSJA señaló entonces que, "pese a que, en efecto, es más que previsible que la pérdida del aforamiento se produzca antes del eventual dictado de un auto de juicio oral, sí debe declararse provisionalmente competente por cuanto, en primer lugar, existe ya un escrito de uno de los aforados solicitando el sobreseimiento, escrito que necesariamente ha de recibir respuesta de este Tribunal, y, en segundo lugar, por cuanto las acusaciones y los aforados señalados no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia que resulte útil para la investigación".
Esto último "no lo podrían hacer ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por carecer, de momento, de toda competencia para actuaciones directamente enfocadas a la investigación de la participación concreta de los todavía aforados en los hechos objeto de la causa", argumentó el TSJA el pasado mes de marzo, al asumir la investigación de los exconsejeros.
PRESUNTA PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, citó a tres de los cuatro aforados imputados "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituyera el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejaran de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonaran su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.
El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas --tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala--, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".
Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.
