Los profesores de instituto critican la colocación "ilegal" de casi 340 maestros en centros de esta etapa educativa
SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Educación para que realice alegaciones al recurso de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) mediante el cual se impugnan, solicitando una medida cautelar de suspensión, las instrucciones de la Secretaría General de Educación de la Junta andaluza que regulan los horarios de Secundaria --después de que la administración regional modificara la norma para que éste pasara a tener un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25--, al considerar que las mismas suponen un "disparate".
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, que justifican la petición en los "perjuicios evidentes" de dichos horarios para el sector, con la futura problemática que puede suponer una suspensión y anulación con el curso ya comenzado.
La disposición adicional en la que se fijaba el máximo de permanencia regulada semanal en 25 horas ha supuesto que, dado que la disminución no se ha acompañado de una bajada de la carga lectiva --20 horas, con cinco no lectivas--, el 80 por ciento de todo el curso pasado en Secundaria se ha realizado sin poder atenerse a la regulación de agosto de 2010.
Ello ha dado origen a demandas individuales y a "muchos problemas" en los centros, ya que no se podían cuadrar los horarios y se hacían desaparecer horas de actividades, o bien se pasaban actividades del cómputo regular al irregular.
Los principales fundamentos en los que APIA se ha basado para impugnar estas instrucciones han sido dos: pasar la actividad de tutorías de regular a irregular, para eliminarla de las 25 horas, y aumentar "por su cuenta y riesgo" el número de grupos atendidos por las guardias de cada profesor, lo que califican de "barbaridad" y "temeridad".
Además, a esta "vulneración del principio normativo" añaden que la Junta haya intentado "lavar" su responsabilidad aludiendo a que cada instituto asegurará el correcto tratamiento de las guardias.
PUESTOS "ESCAMOTEADOS"
Por otro lado, APIA ha lamentado que Educación haya vuelto a "birlar" casi 340 puestos de Secundaria "sin pudor alguno" y "a sabiendas de que esta maniobra es completamente ilegal", pues "nuevamente" maestros han sido adscritos a institutos andaluces. En concreto, se trata de 68 de la especialidad de Educación Física, 81 de Francés, 130 de Inglés y 58 de Música.
"Otra vez son puestos escamoteados a los profesores que verán cómo están colocados en las bolsas de trabajo para poder comenzar a trabajar, y eso si tienen suerte y se cubren vacantes cuanto antes", ha indicado el colectivo en una nota, que recuerda haber denunciado ya "agravios" de este tipo en los tribunales. Son varios los frentes que están abiertos en ese sentido.
Actualmente, se está a la espera de que se resuelva en casación un recurso contra la orden de oposiciones de maestros del año 2015 por incluir plazas que no eran correspondientes a este cuerpo, sino al de Secundaria. El Alto Tribunal andaluz desestimó el recurso alegando "falta de legimitación 'ad causam'", dado que tras la adjudicación de destinos ninguno de ellos ha recalado en un instituto, "conllevando, a su juicio, pérdida sobrevenida de objeto".
Asimismo, en una de las últimas demandas interpuestas por vulnerar los derechos de los docentes que representa APIA, la propia Consejería ha eludido justificar la creación 'contra legem' de líneas de 1º y 2º de ESO en colegios de Infantil y Primaria (CEIP), así como en Colegios Públicos Rurales (CPR). De hecho, Educación ha creado recientemente siete líneas de cada uno de esos niveles en seis CEIP y un CPR. El asunto se encuentra actualmente en fase de alegaciones en el TSJA.
Desde el colectivo de profesores se recuerda que el artículo 111 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, es "taxativo" a la hora de establecer las enseñanzas que pueden ofrecerse en los distintos tipos de centro docente.
Asimismo, APIA incide en que "los únicos maestros autorizados --de manera extraordinaria e indefinida, hasta su jubilación-- para impartir docencia en los cursos 1º y 2º de la ESO son los que reguló en su día la Disposición Transitoria Cuarta de la Logse, que fueron adscritos dentro de los diez años posteriores a la entrada en vigor de dicha ley orgánica (hasta octubre de 2000), mediante el Decreto 154/1996, de 30 de abril, e imparten docencia en los institutos de Educación Secundaria, no en los colegios".
