UCE critica la "ineficacia" de Junta para resolver el "grave problema" de seguridad alimentaria de la sal yodada

 

UCE critica la "ineficacia" de Junta para resolver el "grave problema" de seguridad alimentaria de la sal yodada

Actualizado 07/07/2015 6:11:07 CET

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha criticado la "ineficacia" de la Junta para resolver el "grave problema" de seguridad alimentaria con el presunto fraude en el etiquetado de la sal yodada, donde "se ha tardado dos años en actuar y lo que se ha hecho ha sido muy leve con respecto a la gravedad del asunto".

Este viernes han ofrecido una rueda de prensa el vicepresidente de UCA-UCE, Miguel Ruiz, y Anselmo Díaz y Belén Gómez, en representación de la empresa Albareros SLU, empresa que desde hace dos años viene denunciando un fraude en el etiquetado y en la composición de ingredientes de casi todas las marcas de sal yodada que están en el mercado.

En este sentido, el decreto 1424/1983 considera que la sal yodada "es la que tiene añadido yodato potásico, yoduro potásico u otro derivado yodado autorizado por la Dirección General de Salud Pública en la proporción de 60 mg de yodo por kilogramo de sal, admitiéndose una tolerancia del 15 por ciento al respecto ante posibles desviaciones (es decir, de 51 a 69 mg/kg)".

En la rueda de prensa, UCA-UCE y Albareros han expuesto los análisis, tanto públicos como privados, "que ponen encima de la mesa las irregularidades que en el mercado se está produciendo con un grave perjuicio hacia quien cumple la normativa legal vigente pero, también hacia el consumidor, con un etiquetado presuntamente fraudulento y con un potencial perjuicio a largo plazo para la salud de los consumidores".

Así, se han expuesto análisis de marcas que "tienen más, menos o incluso ninguna proporción de yodo en el producto, incumpliendo, por tanto lo que marca el Decreto 1424/1983".

han recordado que en el mes de junio de 2012, se produjo una denuncia por parte de la empresa afectada a la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía que realizó toma de muestras y, según UCA-UCE, "realizó un envío ineficaz a diversas administraciones públicas cuando ella era la realmente competente en la materia".

Entre estas administraciones públicas está el Ministerio de Sanidad, donde están localizadas las competencias nacionales en materia de consumo.

Este organismo remitió de nuevo el asunto el 5 de junio a la Secretaría General de Consumo al considerar que "es competencia de la Junta de Andalucía, por ser un fraude en el etiquetado y la composición de ingredientes directamente sancionable por nuestra administración autonómica".

Lamenta que "a pesar de que los análisis realizados a las tomas de muestras tomadas en el año 2012 indicaban estas irregularidades se tardó más de un año en que se centrara el asunto en la administración competente y desde entonces, junio de 2013, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales no ha realizado ninguna actuación hasta la semana pasada, en la que, tras una reunión solicitada por la empresa Albareros exponiendo su queja y posibles perjuicios por estas irregularidades, se informa a los medios señalando que se abre expediente a dos marcas únicamente".

UCA-UCE pregunta al vicepresidente de la Junta de Andalucía "por qué únicamente a dos marcas, por qué no se ha retirado del mercado todo producto irregular, por qué se ha tardado tanto en actuar y se hace cuando la empresa señala el grave perjuicio que se ha ocasionado y por qué se ha actuado de forma tan flexible con productos que tienen un etiquetado gravemente irregular en el mercado y cuyos hechos se han constatado en los análisis practicados en su día a instancias de esta Consejería".

Para UCA-UCE, esta Consejería "una vez más no está al servicio del interés general y de los consumidores y usuarios", toda vez que "se ha actuado de forma negligente y lenta en contraposición a otros asuntos ya en su día denunciados por la Unión de Consumidores de Andalucía".

Así, ha recordado que el año pasado por estas fechas, "se realizó inspección a las asociaciones de consumidores andaluzas y se abrió rápidamente expediente y se tomaron medidas en un plazo escaso de dos meses por unas mínimas deficiencias que faltaban en algunas de nuestras oficinas en cartelería de horario de atención al público".

UCA-UCE se pregunta "por qué hubo rapidez en ese momento y no en este caso de seguridad alimentaria mucho más grave e importante para el ciudadanos".

Finalmente, UCA-UCE va a solicitar a Diego Valderas que explique este tipo de cuestiones, que se retiren cautelarmente todos los productos de los que se han constatado las irregularidades y que se tomen responsabilidades tanto políticas como administrativas en este asunto "mal gestionado, que afecta a la seguridad alimentaria de los consumidores y a la credibilidad de la misma".

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