SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A ha asegurado que "20.000 funcionarios andaluces están en una encrucijada por el atasco del concurso de méritos de la Junta", y ha lamentado que el Sindicato Andaluz de Funcionarios "vaya en contra de sus votantes al proponer una suspensión encubierta del concurso de méritos al solicitar al juez que plantee la cuestión de inconstitucionalidad".
En una nota, UGT ha informado de que "si el juez la plantea, se suspende el concurso hasta que el tribunal resuelva y eso puede tardar tres o cuatro años", una cuestión que "perjudicaría seriamente a 20.000 funcionarios, llamados a participar en el concurso de méritos convocado por la Junta el pasado mes de julio".
Asimismo, añade que los funcionarios de la Junta de Andalucía "llevaban cinco años esperando el concurso de méritos, convocado el pasado mes de julio, que les permita acercarse a sus hogares y conciliar vida laboral y familiar".
Ha precisado que 20.000 funcionarios "están llamados a participar en un concurso en el que se ofertan 10.122 plazas, siendo éste el único modo de acercarse a sus domicilios", de manera que "participar en el concurso puede significar la garantía de la carrera profesional para los funcionarios de la Junta, la obtención de mejoras salariales por cambio de puesto y la conciliación laboral y familiar".
Por otro lado, la federación ha defendido que en ese concurso de méritos se contabilicen los años de experiencia en la Junta de Andalucía, ya sea como personal laboral o interino; pero considera que "hay intereses ocultos de otros sindicatos, como el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que recurren el concurso por el procedimiento para la protección de Derechos Fundamentales porque a su juicio vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española al permitir el múltiple cómputo de idéntico tiempo de trabajo en concepto de mérito".
"Incomprensiblemente pretenden que la Administración Pública no valore la experiencia previa en la Junta", se lamenta UGT, que se ha preguntado si eso significa que "presuponen mayor capacidad a quienes accedieron a través de oposición libre que quienes llevan ya años desempeñando un trabajo en la Administración Pública".
Señalan que es una postura "rocambolesca, difícil de entender y totalmente perjudicial para los funcionarios". Ha recordado que 16.000 de los funcionarios que pueden participar en el concurso, un 80 por ciento, tienen servicios previos en la Junta.
Asimismo, el sindicato se ha preguntado "qué hay detrás de esta estrategia sindical". "Cómo entender una decisión que perjudica a 20.000 trabajadores; por qué el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recurrido el concurso de méritos; por qué este sindicato no quiere que se compute como antigüedad los servicios prestados en la Administración General de la Junta previos a la condición de funcionario de carrera; por qué va en contra de 16.000 de los funcionarios susceptibles de participar en el concurso", se ha preguntado.
Además, el sindicato ha añadido que son "cuestiones de difícil explicación y a las que el SAF tiene que dar respuesta públicamente"·, considera que el "atasco" al que está llevando el concurso de méritos es "inaceptable" y ha advertido de que si el juez estima la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tal y como ha planteado el SAF, "retrasaría el concurso entre tres y cuatro años", lo que supondría "cuatro años de condena a los funcionarios que se encuentran en destinos alejados de sus hogares y a los que se les impide conciliar vida laboral y personal".
Además, ha lamentado "cómo se puede ir en contra de unos funcionarios de carrera que han tenido que pasar antes varios años de trabajo en la Administración en precario y por qué intentar crear trabajadores de primera y de segunda".
La FeSP de UGT-A recuerda que todos los funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía entraron en la Administración conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y añade que "es lamentable que, a estas alturas del siglo XXI, los funcionarios no tengan garantizada su carrera profesional ni la conciliación de la vida laboral y familiar por sus representantes legítimos".
