Ustea estudia recurrir el plan de ajuste de la Junta y piden que el cambio de jornada y horarios se anule o se aplace

Actualizado 03/07/2012 21:05:23 CET

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea ha planteado su total oposición al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 de la Junta y no descarta emprender las acciones judiciales posibles, tras lo que ha pedido a la Junta que, en materia de jornada laboral y horarios, vacaciones y permisos del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta se "anulen o se implanten a partir del 1 de enero de 2013".

Según han informado a Europa Press fuentes de Ustea, el sindicato participó el pasado lunes en una Mesa Sectorial de Administración General donde, según indican las fuentes del sindicato, los representantes de la Junta "nos han anunciado que dictarán instrucciones que eviten dudas en el cumplimiento de lo establecido en el decreto ley 1/2012, convalidado en el Parlamento andaluz".

Las fuentes precisan que esas instrucciones versarán sobre "jornada laboral, vacaciones y permisos", de forma que la jornada laboral se amplia a 37,5 horas, siendo el horario establecido de 07,30 a 15.30 horas. Además, las 110 horas "no sufren variación, debiéndose desarrollar en los lunes, martes y jueves de 16,00 a 20,30 horas".

Ustea apunta que la Junta les ha comunicado que "la jornada reducida de verano no se altera y que las vacaciones y permisos serán según recoge el Estatuto Básico del Empleado Público", así como que los permisos ampliados por la Junta de Andalucía, correspondientes a maternidad "se mantienen" y que "se pagarán las ayudas de acción social que estén resueltas y notificadas y no se convocarán nuevas".

Este sindicato pide que la reducción de la jornada de trabajo con efecto en las retribuciones del personal interino, temporal o indefinido no fijo, "no se produzca por ser contraria a la Directiva 99/70/CE y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y apunta que "la garantía de una retribución mínima de 1.000 euros se contempla para la jornada completa, sin hacer mención a la reducción para el personal interino, lo que sigue ahondando en el agravio comparativo del resto del personal de la Junta de Andalucía, y no aclara si esa retribución será menor de los 1.000 euros".

Ustea pide que las modificaciones de la jornada laboral ordinaria del personal de Administración General que no suponen incremento retributivo alguno "se anulen por posible incompetencia de la Comunidad Autónoma para su regulación o se implanten a partir del 1 de enero de 2013".

El sindicato considera que el motivo para su aplazamiento "es también porque sabemos que aumentar la jornada laboral en el segundo semestre del año, durante el periodo estival, supone incrementar el gasto público --por mantenimiento de los edificios, climatización, luz, comunicaciones, material fungible-- y no genera ninguna mejora de los servicios públicos y ningún beneficio a la ciudadanía".

Demanda también que las modificaciones al horario en la Administración General y a las vacaciones y permisos del personal funcionario y laboral del sector público andaluz "se anulen por posible incompetencia de la comunidad autónoma para su regulación o se implanten a partir del 1 de enero de 2013". Y lamenta que "no sabemos como quedarán las bases de cotización, si se mantendrán como en 2010 o bajarán".

En la reunión del pasado lunes, Ustea pidió explicaciones sobre la veracidad de informaciones relativas a "pagos de alquiler a altos cargos, posible reducción voluntaria de la jornada laboral y reducción salarial, si la Junta va a recurrir la jornada laboral de 37,5 horas, entre otras cuestiones".

Ustea asegura que estudia "las fórmulas jurídicas para frenar todo lo que conlleve la pérdida de derechos adquiridos, respecto a las condiciones de trabajo, y la irretroactividad que supone la reducción de la paga adicional, siendo inconstitucional por ser una actuación restrictiva de derechos, además de la reducción salarial y de jornada laboral del personal interino, por ser contraria a la Directiva Europea 99/70".

Por último, Ustea ha solicitado la modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos "en lo relativo a las cesantías por tener conocimiento de abusos" y pregunta "qué pasará con los funcionarios que trabajan en los departamentos de acción social", solicitando al mismo tiempo que "se provean fondos para las ayudas de acción social más perentorias".