Valderas subraya que Andalucía sostiene las "principales acciones de cooperación" del Estado español en el exterior

Valderas participa en la entrega de premios de la Aacid
EUROPA PRESS
Publicado 09/04/2014 13:40:10CET

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha destacado que Andalucía sostiene las principales acciones de cooperación del Estado español en el exterior, una labor "reconocida" que permite "seguir interviniendo y cooperando con los organismos internacionales en diferentes latitudes del mundo donde se necesita ayuda urgente".

Valderas ha entregado en Sevilla los premios de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), que han recaído, en su segunda edición, a las asociaciones Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y Asociación Justicia y Reconciliación en defensa de los Derechos Humanos (AJR), ambas de Guatemala.

Los galardones, instaurados por la (Aacid) con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, reconocen a entidades destacadas por la labor humanitaria, la defensa de valores democráticos y la promoción de la paz, especialmente en las áreas de influencia de la cooperación andaluza que son América Latina y el Caribe, el Magreb y el conjunto de Africa. Así, Valderas ha valorado la "ejemplar lucha" de las dos organizaciones premiadas.

Durante su intervención, el vicepresidente ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el conjunto de asociaciones que trabajan a favor de la Justicia Transicional "en los diferentes países del mundo donde se han cometido actos de lesa humanidad que deben ser reparados a partir de la construcción de un relato reconocible, visible y cierto, y el empeño, en tiempos de dificultades presupuestarias, de seguir manteniendo y aumentando el dinero destinado a cooperación para el desarrollo". En este sentido, ha recordado que en 2013 el presupuesto en esta materia se ha situado en 44 millones de euros, diez millones más que en 2012".

Para Valderas, los poderes públicos deben contribuir "decididamente" al conocimiento del pasado y "esa es la dirección que desde el Gobierno andaluz estamos impulsando" con normas como la Ley de Memoria Democrática y la de Participación Ciudadana, que, según ha apuntado, "permiten ya hablar de un nuevo tiempo legislativo que coloca a la ciudadanía y a la construcción colectiva de su historia como el centro de la acción política".

Asimismo, ha señalado que "en estos tiempos tan difíciles se hace más necesaria que nunca la defensa de la memoria democrática y la solidaridad entre los pueblos" y ha recordado que la defensa de los Derechos Humanos es un "mandato estatutario", El Estatuto de Autonomía andaluz, en su artículo 245, "refleja que la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos...". Este artículo, ha señalado, "sigue tan vigente como cuando se redactó".

En este sentido, ha comentado que "hoy podemos afirmar que Andalucía es una de las comunidades que sostiene las principales acciones de cooperación del Estado español en el exterior, donde se reconoce la enorme labor de los andaluces y andaluzas en materia de cooperación pues permiten seguir interviniendo y cooperando con organismos internacionales como Unicef, Unrwa, o Acnur en diferentes latitudes del mundo donde se necesita ayuda urgente". El reconocimiento de la AACID ha sido recogido por Anselmo Roldán, presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), y por Juan Francisco Soto, presidente del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

ORGANIZACIONES PREMIADAS

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos desde 1989, tiene como misión promover y defender el ejercicio de los Derechos Humanos integrales, de hombres y mujeres en condición de exclusión y opresión. Una organización que trabaja para desarrollar y consolidar el funcionamiento técnico y político de las instituciones públicas, fortalecer a las organizaciones civiles y los movimientos y contribuir al reconocimiento pleno del genocidio cometido en Guatemala como garantía de no repetición.

La institución nació con el propósito de otorgar servicios de asesoramiento legal y ser un canal facilitador para que organizaciones, grupos y comunidades elaboren proyectos de Derechos Humanos. Su trabajo incide en el análisis, elaboración de informes públicos y propuestas sobre temas de Derechos Humanos a partir de la aplicación de métodos participativos de recogida de aportaciones.

Por su parte, la Asociación Justicia y Reconciliación trabaja desde el año 2000 como organización y está compuesta por más de 100 sobrevivientes de 22 comunidades mayas afectadas por masacres realizadas entre 1981 y 1982 por los regímenes de los generales Lucas García y Ríos Montt, quienes en el desarrollo de políticas de represión contra las comunidades indígenas generaron una ola de violencia y crímenes que hoy son enjuiciados como delitos contra la Humanidad.

La Asociación ha sido querellante en dos casos interpuestos ante la Corte guatemalteca por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los Altos Mandos Militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt en los años 1981 y 1982.

Hoy la importancia de las dos entidades galardonadas debe entenderse más allá de los esfuerzos de cada una de ellas por sostener la lucha por la verdad en sus comunidades. El esfuerzo conjunto de ambas asociaciones tuvo su fruto con la sentencia histórica por Genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. El día 10 de mayo del año 2013, los tribunales de Guatemala condenaban al exdictador y general retirado a 80 años de cárcel, 30 años por crímenes contra la humanidad y 50 por genocidio poniendo así fin a un histórico proceso.

El argumento de la condena se centró en que durante el gobierno de facto de Ríos Montt (entre 1982 y 1983) se cometieron crímenes de manera sistemática contra el pueblo maya ixil, en una política de guerra manejada por el Estado consistente en mermar a los grupos indígenas, así como la prohibición del uso de idioma y la eliminación física de sus miembros como parte de los planes contrainsurgentes y antiterroristas desarrollados por el ejército.

La sentencia dejó abierta la posibilidad a que se investigue a quienes hayan tenido responsabilidad en el genocidio sucedido en Guatemala. En la actualidad los procesos en favor de la Justicia, la verdad y la reparación en Guatemala deben afrontar un nuevo desafío tras la decisión del 22 de mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional anulaba la sentencia que recayó sobre el ex dictador lo que ha generado una oleada de indignación popular plasmada en amplias movilizaciones en contra de la impunidad y en favor de los derechos de aquellos que fueron victimas de un régimen totalitario.

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