Vázquez admite el "desbarajuste" de la fundación DeSevilla y señala a Torrijos y López Adán

Carlos Vázquez.
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 24 junio 2013 20:39

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense durante el anterior mandato, ha prestado este lunes declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 15, a cuenta de la denuncia relativa a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla'. Durante su comparecencia, ha atribuido al propio Ayuntamiento el "desbarajuste" de la fundación al no ser autorizadas ni entregadas "en plazo" las subvenciones y ha señalado el papel del concejal de IU-CA Antonio Rodrigo Torrijos y del exdirector gerente de la fundación, Miguel López Adán, en algunos de los expedientes incluidos en la investigación.

Fue en noviembre de 2012, como se recordará, cuando el patronato de esta fundación en proceso de extinción elevaba a los juzgados de Instrucción una denuncia por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos denunciados se encuadran en la gestión de la fundación durante el mandato 2007/2011, cuando IU-CA dirigía esta institución.

DENUNCIA INICIAL

La denuncia avisaba del "crecimiento desmesurado" de contrataciones en favor de miembros del Partido Comunista de Andalucía (PCA), alertando de que los gestores de la fundación destinaban las subvenciones a "otros fines de los propiamente subvencionados" y "sin justificación". Media además un informe de la Intervención General que señala que "la gestión de los programas subvencionados ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones", insistiendo en una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas". Avisaba además la denuncia de posibles "pagos duplicados", la ausencia de "procesos públicos de contratación", el posible "borrado intencionado" de datos y la "velocidad" con la que el ERE fue negociado, formalizado y validado por las autoridades laborales sin cuestionar su auténtica "causa".

La 'Fundación DeSevilla', de cualquier modo, cerró el año 2010 con pérdidas superiores a los 1,5 millones de euros y sobre ella pesaba ya entonces un "fondo de maniobra negativo" por valor de 1.133.914,2 euros, todo ello mientras la consultora 'Deloitte', contratada para auditar las cuentas de la entidad, señalaba en un informe "distintas irregularidades en la justificación de gastos".

PRIMER IMPUTADO

Pues bien, el pasado mes de abril prestó declaración como imputado Miguel López Adán (IU-CA), ex director general de este organismo, reconociendo "irregularidades" en la gestión de las subvenciones municipales, pero negando que las mismas fuesen desviadas a otros fines. López Adán admitió que la fundación acumuló un "desequilibrio patrimonial" de 1.510.617 euros durante el periodo 2007/2010 y atribuyó las "incidencias" en la práctica general del Ayuntamiento de "no entregar nunca las subvenciones en su fecha".

Ya este lunes, ha prestado declaración como imputado Carlos Vázquez, quien como delegado municipal de Economía y Empleo presidió las sesiones de la comisión ejecutiva de la fundación y las sesiones del patronato con el cargo de vicepresidente primero. El por entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, no asistió a ninguna de las sesiones, según ha manifestado.

NIEGA FACTURAS FALSAS

Durante su comparecencia, según figura en su acta de declaración, recogida por Europa Press, Vázquez ha negado que la no justificación de las subvenciones por parte de la junta local de Gobierno del Ayuntamiento supusiese "que las facturas no se correspondiesen a la realidad". Ha negado, así, "una manipulación o falseamiento de las facturas", atribuyendo este extremo a una "acumulación de tareas" o a "supuestos de ejecución fuera del plazo establecido".

"Llegaron a ser equilibrados los presupuestos, pero la ejecución del conjunto de las cuentas no", ha manifestado Carlos Vázquez. Sobre el informe del interventor que alude a una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas", ha defendido que el interventor fue "siempre invitado" a las sesiones del patronato de la fundación "y no fue nunca", como tampoco habría remitido a la fundación "documentación, informes ni opinión" sobre el estado de la entidad o las subvenciones. Así, ha asegurado que lo que el interventor considerase "era algo que desconocían los miembros del patronato" y ha avisado de que la tesis del interventor no está "demostrada".

"DESBARAJUSTE" PROVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO

Carlos Vázquez ha corroborado la declaración de López Adán en cuanto a que la gestión de la fundación "era un desbarajuste provocado por el régimen de subvenciones al que se tenía sometida a la fundación", toda vez que las ayudas procedían del Ayuntamiento hispalense. Algunos expedientes relativos a proyectos de cooperación internacional subvencionados por el Ayuntamiento, según ha manifestado, "provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo". "A veces", según ha relatado, hubo que "anticipar el gasto" de dichas ayudas y, finalmente, la ejecución anticipada "no era reconocida como válida". "El responsable era el Ayuntamiento, que no materializaba las subvenciones en fecha ni las concedía tampoco en fecha".

Ha cobrado especial importancia en la declaración de Vázquez el expediente 98/08, correspondiente a una subvención municipal de 990.000 euros para cooperación internacional y que habría afectado especialmente a las cuentas de la fundación, porque fue autorizada en 2008 y consumada en 2009 mediante anticipo, pero en 2011 se renunció a su "totalidad". Según Carlos Vázquez, "la cantidad que se entregó --como anticipo-- fue el 75 por ciento" del total de la ayuda, pero "la tramitación y llevanza" de este expediente fue "algo que vinculaba" a López Adán y a Antonio Rodrigo Torrijos como responsable entonces del área de Relaciones Institucionales. En ese sentido, ha atribuido al área de Torrijos las "ampliaciones de plazos" relacionadas con este expediente y ha negado "facturas falsas" a cuenta de las facturas cuya anulación fue solicitada en el marco de este expediente.

CON DESTINO A LA HABANA

Además, ha atribuido a López Adán el expediente correspondiente a la adquisición de un horno incinerador en La Habana (Cuba), toda vez que "ni se ejecutó la subvención, ni se pagó por parte de la fundación, ni se reconoció como deuda". A López Adán le ha atribuido también el expediente correspondiente a la adquisición de material informático para la central de trabajadores de La Habana. Sobre los 34.000 euros que él mismo entregó a López Adán para anticipar los gastos subvencionados de un programa de "becarios saharauis", ha defendido que ese dinero "lo tomó a préstamo de particulares" y de IU y que el propio López Adán le "devolvió" después el dinero, sin ser consciente de donde procedía el dinero en metálico correspondiente a la devolución.