Zoido: Sólo "dos" familias de la Corrala encajan en el baremo social

Acampada de la Corrala en la Plaza Nueva.
Foto: EUROPA PRESS
Actualizado 02/06/2014 14:24:07 CET

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha manifestado este lunes que los resultados de los evaluaciones sociales realizadas por los técnicos municipales sobre las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales ponen de relieve que sólo "dos" de estas familias encajan en el denominado baremo social. Estas evaluaciones sociales responden al acuerdo de las administraciones, para solucionar el conflicto desencadenado a cuenta de los realojos provisionales promovidos entre este colectivo por la Consejería de Fomento y Vivienda.

   En rueda de prensa, el alcalde ha explicado que los informes que contienen las mencionadas evaluaciones sociales obran ya en su "poder" y los mismos ponen de manifiesto que sólo son "dos" las familias que se atienen a los requisitos del baremo social. En ese sentido, ha defendido que se trata del resultado del trabajo de "los técnicos sociales del Ayuntamiento, que no son ni de uno ni de otro, sino funcionarios municipales" que trabajan según criterios profesionales y merced a "las normativas vigentes".

   El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.

LAS NOTAS INFORMATIVAS

   Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.

   Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social.

LOS TÉRMINOS DE LA EVALUACIÓN

   La Consejería de Fomento y Vivienda, de su lado, acusa al Gobierno local del PP de "confundir deliberadamente" los términos relacionados con la adjudicación permanente de una vivienda social, acto conectado al registro de demandantes de viviendas protegida o un "baremo", y este realojo provisional "en cumplimiento de un mandato judicial de familias con menores o en riesgo de exclusión social, como es este caso". Señala la Administración andaluza el auto judicial que exhortaba a las fuerzas de seguridad del Estado a cumplir la orden de desalojo de las viviendas propiedad de 'Ibercaja' y pedía además a las autoridades que proveyesen lo necesario en el caso de las personas afectadas que sufriesen riesgo de exclusión social.

   "El Ayuntamiento, que en realidad sólo baremó a dos familias y sabe que la baremación no es necesaria para los realojos, intenta enfrentar a los demandantes de vivienda con las familias de la Corrala para eludir su responsabilidad por tener más de 500 viviendas públicas vacías", alega la Consejería de Fomento y Vivienda.

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