SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Telecomunicaciones y Servicios TICC (Faitel Andalucía), el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Sevilla (CAFS) y las organizaciones de Consumidores Al-Andalus y UCA/UCE han pedido al Gobierno una ampliación de "al menos tres meses" del plazo previsto para el 'apagón' del 'dividendo digital'.
Estos colectivos ven "imposible" adecuar las instalaciones de las comunidades de vecinos restantes en tan corto espacio de tiempo y coinciden en señalar que "si se cumplen los plazos fijados, los grandes perjudicados serán los consumidores, que no verán muchos de los canales a partir del 1 de enero de 2015".
A nivel andaluz, estos colectivos apuntan que de los 136.576 edificios que deben ser objeto de adecuación en la Comunidad, 88.775 edificios están pendiente de adaptación.
La provincia donde más edificios quedan por adaptar al 'dividendo digital' es Málaga, con 18.315 comunidades de vecinos de un total de 28.177. Le sigue de cerca Sevilla, con 17.756 edificios pendiente de adaptar de un total de 27.318; y Cádiz, con 15.137 edificios que quedan por adaptar de un total de 23.288.
La provincia andaluza donde quedan menos edificios que faltan por adaptar es Almería, con 3.450 edificios, de 5.308 edificios que deben ser objeto de adecuación.
En Córdoba hay 15.437 edificios que deben ser objeto de adecuación y 10.034 edificios que faltan por adaptar; en Granada hay 15.076 edificios que deben ser objeto de adecuación y 9.799 edificios que faltan por adaptar; en Huelva hay 8.361 edificios que deben ser objeto de adecuación y 5.5.435 edificios que faltan por adaptar; en Jaén hay 13.612 edificios que deben ser objeto de adecuación y 8.847 edificios que faltan por adaptar.
Asimismo, ante las informaciones que ofrecen instaladores y fabricantes confirmando la imposibilidad de adaptar todo el parque de antenas antes del 31 de diciembre de 2014, el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo, señala que la proximidad de los administradores al ciudadano "provoca no sólo que sean los receptores de sus quejas, sino que, injustificadamente, son el blanco de sus críticas".
En este sentido, el presidente de CAF Sevilla asegura que los administradores de fincas colegiados "han cumplido puntualmente" con sus obligaciones profesionales y "siguen trabajando" para evitar retrasos en la adaptación de las antenas.
El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla insiste en la solicitud de ampliación del plazo hasta marzo de 2015 del apagado del 'dividendo digital' "por considerarlo imprescindible para poder garantizar la adaptación de las instalaciones", ha explicado Del Olmo.
PREVÉN INCREMENTO DE PRECIOS
Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE cree que "la concentración en tan pocos meses de la demanda de revisión e intervención en las instalaciones ha podido provocar un incremento en el precio de estos servicios y posiblemente de los materiales necesarios para acometerlas".
Juan Moreno estima que "si la liberalización del dividendo digital se hubiera asumido con plazos de tiempo más amplios y la concesión de ayudas se hubiera puesto en marcha mucho antes, tal vez hubiera dado lugar a una menor concentración temporal de la demanda y un menor impacto en los precios".
Estima igualmente que la "falta de información" y el "desconcierto" de muchos ciudadanos ha podido provocar "algún incremento de actuaciones desaprensivas por parte de supuestos profesionales, esto es, del intrusismo en el sector". Por ello aconsejan a los consumidores "sólo contratar estos servicios a empresas profesionales debidamente acreditadas".
ESCENARIO DE "INCERTIDUMBRE"
Por su parte, Consumidores Al-Andalus ha presentado un escenario de "incertidumbre poco favorable para el consumidor". Pilar Lora, portavoz de la organización, alerta sobre la "desinformación" a la ciudadanía en general "sobre los trámites a seguir en todo el proceso; la precipitación en el tiempo para la adaptación; o todo el problema en torno a la ayuda para costear las actuaciones de adaptación en los edificios, la cual sólo se podrá solicitar una vez que el usuario haya llevado a cabo dichas actuaciones, cuando lo oportuno sería que el acceso a la misma fuese previo a su realización."
Al-Andalus critica que las cuantías no cubren la totalidad del coste Con todo, Al-Andalus denuncia que "las cuantías que se establecen difícilmente cubrirán el coste total de las instalaciones, además de canalizarse a través de un mecanismo o procedimiento que no garantiza la cobertura o compensación de costes a la totalidad de las comunidades afectadas, considerando que a estas alturas del año debería de ser una cuestión ya solucionada, de manera generalizada e igualitaria, en garantía del derecho de todo ciudadano de acceso a la información".
La portavoz Pilar Lora solicita una moratoria de tres meses "que permita ir dando soluciones a las distintos problemas que se están dando en tiempo razonable, como que se articulen los mecanismos necesarios dentro de la legalidad vigente, que permitan la compensación de costes a la ciudadanía, de manera generalizada e igualitaria, puesto que se trata de garantizar un derecho del que no caben exclusiones".
Por su parte, el director de la Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Telecomunicaciones y Servicios TICC (Tecnologías de la Información, Comunicación y Conocimiento), José Manuel Muñiz, estima que "no hay tiempo que perder" y ha solicitado al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la creación "urgente" de una comisión "específica" para abordar, en general, la situación actual a propósito del calendario establecido por el Gobierno para el apagado del 'dividendo digital'.
José Manuel Muñiz constata que el mercado se está quedando sin cabeceras tipo "monocanales". "Ante la falta de este material específico, el Gobierno está autorizando bajo las ayudas al 'dividendo digital' la instalación de cabeceras programables, justo aquellas que están dando problemas de convivencia entre las señales de televisión y 4G", explica Muñiz, que reconoce que ·"lo que no saben los vecinos de las comunidades de vecinos es que por obtener la subvención, luego van a tener que volver a llamar al instalador para que corrija ese conflicto entre ambas señales".
Faitel se suma a la petición de una moratoria de "al menos" tres meses para que se produzca el apagón del proceso del 'dividendo digital'. "Está claro que no podemos llegar a tiempo para adecuar todas las instalaciones porque, primero, no hay tiempo y, segundo, no tenemos material para sustituir, asegura Muñiz, quien lamenta que "los fabricantes no tienen listos los módulos que tenemos que montar en las cabeceras y a todo esto se une que faltan pocos días para finalizar el año".
Por eso, pide la ampliación del plazo "porque al final los grandes perjudicados serán los consumidores" y por eso solicitan la confirmación oficial de la moratoria en el plazo de ejecución del 'dividendo digital'.
