Aragón advierte de que el Gobierno central asume "de facto" las competencias en vivienda

La directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu
EUROPA PRESS
Actualizado 27/02/2017 14:13:48 CET

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, ha advertido este lunes de que el Ejecutivo central está asumiendo "de facto" las competencias en materia de vivienda de las Comunidades autónomas, al impugnar de forma "inapropiada" distintos artículos de las leyes de vivienda de varias regiones.

En rueda de prensa, Andreu ha recordado que hace un año, con el Gobierno en funciones, se impugnaron once puntos del decreto ley 3/2015 y ahora han quedado suspendidos catorce artículos y puntos de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad autónoma de Aragón.

Los artículos que han sido impugnados son aquellos en "los que legislábamos en relación con las entidades financieras", ha advertido Andreu, al lamentar que han sido "mucho más duros" en su interpretación con el texto final que con el decreto ley.

Según ha detallado, el Estado argumenta "una invasión de competencias" y que "existe un desequilibrio en el sistema financiero, ¿pero y el de las familias no se lo plantean?", ha señalado la directora general, al preguntarse si el Ejecutivo central no piensa aprobar la ley de segunda oportunidad.

También "dicen que se vulnera el derecho a la propiedad, pero en ningún momento hemos hablado de expropiación", sino de hacer uso de las viviendas que son propiedad de las entidades bancarias y que se encuentran vacías, "pero pagando un arrendamiento por las mismas".

Así, se han recurrido los artículos 3, sobre la naturaleza de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales; 5, que menciona la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social; 20, sobre la suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad y relativo a los desahucios; 24, sobre la cesión y uso de viviendas desocupadas, en el que se incluyen los grandes propietarios --quienes disponen de más de 15 viviendas--.

Asimismo, se han impugnado las disposiciones transitorias segunda y tercera, en las que se hace referencia a la suspensión de lanzamientos y a los procedimientos de embargo de ayudas; y la disposición adicional quinta, sobre el seguimiento y aplicación del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

Además, el artículo 26, que se refiere al concepto de vivienda desocupada; el 27, sobre el registro de viviendas desocupadas en la Comunidad; el 28, que menciona el parque público de vivienda social de Aragón, y la disposición transitoria primera, sobre la declaración de titularidad de las viviendas desocupadas.

NUEVOS ARTÍCULOS EN CUESTIÓN

Todos estos puntos ya habían sido impugnados por el Gobierno en el decreto ley 3/2015 y en la ley han pedido la suspensión también del artículo 18, sobre la consideración de la buena fe; el 25, que habla del concepto de grandes propietarios de viviendas; y la disposición adicional primera, sobre la comisión informativa de la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social.

La directora general de Vivienda ha dicho en tono irónico si al final "tendremos que decidir sobre el color de las viviendas" si no se puede legislar sobre otros aspectos y ha detallado que el Gobierno aragonés recibió la notificación sobre la impugnación de estos artículos la pasada semana y ya ha comunicado que negociará con el Ejecutivo central.

"No podemos legislar absolutamente sobre nada, no nos dejan; el Estado asume de facto las competencias en vivienda" a pesar de que en esta legislatura el arco parlamentario es "más plural" y debería facilitar la tramitación de estas normas.

"NO CAMBIARÁ EL CONCEPTO"

El proceso de negociación con el Gobierno central tendrá una duración de unos seis meses y Andreu ha advertido de que "no estamos dispuestos a modificar el concepto" de la ley, "eso no va a variar" porque "habiendo necesidades y habiendo medios, las viviendas tienen que estar al servicio de quien las necesita".

Ha confiado en que en este proceso de negociación se "salven de la quema" los artículos 26, 27 y 28 y ha expresado su disposición a pelear por el resto.

Por otra parte, Mayte Andreu ha advertido de que sin disponer de los presupuestos de la Comunidad para este año no se pueden firmar convenios con las entidades bancarias para sumar nuevas viviendas al fondo de alquiler social, al apuntar que los bancos con los que se ha contactado hasta ahora podrían aportar 120 nuevos pisos pero "la bolsa de alquiler social tiene la dotación que tiene".

Además, ha precisado que la dirección general ha revisado 636 expedientes de nuevas casas para incorporar, de las que 109 serían ya aptas para ser habitadas "sin hacerles nada", pero en 389 tendrían que acometerse pequeñas actuaciones --obras por importe inferior a los 7.000 euros-- y para ello también es necesario que el presupuesto de la Comunidad se apruebe.


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