ZARAGOZA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón ha iniciado con urgencia el proceso de desarrollo de la normativa de contratos del sector público impulsando, como ya se hiciera en 2011, la publicidad y competencia en los contratos de pequeña cuantía, los que celebra cualquier entidad del sector público por importes inferiores a 40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios y suministros. De este modo, se permitirá agilizar la tramitación de los contratos menores.
Si en 2011 Aragón dio un paso decisivo al exigir la publicidad y concurrencia en contratos menores que superasen los 30.000 euros en contratos y los 6.000 en servicios y suministros y en 2017, mediante la Ley de Integridad y Ética Pública, suprimió los contratos negociados sin publicidad por razón de la cuantía, el Decreto-ley que este martes ha aprobado el Consejo de Gobierno permite la tramitación con publicidad y competencia de todos los contratos menores.
De este modo, la tramitación abierta de contratos menores será ahora muy rápida. Donde la normativa estatal contempla únicamente la adjudicación de contratos menores sin publicidad, prohibiendo que un mismo contratista sea el que una y otra vez resulte adjudicatario, la nueva norma aragonesa permite a todas las administraciones y entes de sector público de la Comunidad buscar la mejor oferta abriendo un plazo de cinco días e indicando los criterios de adjudicación para que cualquier empresa pueda optar al contrato.
El consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Vicente Guillén, ha señalado en rueda de prensa que se trata de facilitar la contratación en aquellas cuestiones que afectan "a resolver los problemas del día a día" de los municipios, al tiempo que se asienta población al permitir que los autónomos puedan optar a realizar más de una obra pública de pequeña cuantía.
Podrá optar al contrato cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. En esta modalidad de tramitación de los contratos menores, perfectamente ajustada al marco básico estatal, se garantiza que este se adjudicará a la mejor oferta y, lógicamente, existiendo licitación y competencia entre empresas no se excluye a ninguna de ellas pues, de hacerlo, podría darse el contrasentido de que la que realice una obra o preste un servicio o suministro en mejores condiciones no fuera la adjudicataria.
La norma viene así a resolver, de acuerdo con la normativa europea y estatal, los problemas puestos de manifiesto por numerosos expertos y órganos de contratación de la administración autonómica y local que, aun antes de que la nueva legislación estatal fuese aplicable, dieron lugar a informes contradictorios de diversos órganos consultivos en materia de contratación y de la propia abogacía del Estado. Llevar hasta sus últimas consecuencias la publicidad y competencia que demanda la Unión Europea da mejores resultados que mantener la opacidad y prohibir adjudicaciones sospechosas.
PROTEGER LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Agilizar los contratos de pequeña cuantía en estas condiciones, mejorando la transparencia y la competencia entre operadores, proporcionará mayores posibilidades a autónomos y pequeña y mediana empresa.
Además, al no resultar excluida ninguna empresa que cumpla los requisitos por el mero hecho de haber sido antes contratista, protegerá la estructura empresarial de todo el territorio aragonés, muy débil en ocasiones, objetivo totalmente coherente con las políticas de lucha contra la despoblación, ha remarcado el Gobierno autonómico.
Asimismo, los contratos de pequeña cuantía, en este entorno garantista que profundiza en el camino iniciado por la Comunidad en 2011, permitirá resolver eficazmente problemas puestos de manifiesto en el ámbito de la investigación, el mantenimiento ordinario de centros educativos, sanitarios u otros, o el funcionamiento ordinario de los servicios.
