ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este martes emprender acciones judiciales contra el Plan de Gestión de la cuenca fluvial de Cataluña, ha informado el portavoz, Roberto Bermúdez de Castro.
Concretamente, el Ejecutivo aragonés ejercerá acciones legales frente al Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y al Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Medidas del Plan.
En rueda de prensa, ha opinado que "Cataluña va por libre", lamentando que la región vecina "ha roto muchos vínculos" con Aragón. Ha dejado claro que "la Ley afecta a todos", también al presidente catalán, Artur Mas.
También ha señalado que "el río Ebro es una unidad por mucho que se empeñen", recalcando que si se lleva a cabo alguna modificación en la cuenca del Ebro afectará a todas las comunidades de la misma, entre las que ha citado a Cantabria, La Rioja y Aragón.
El portavoz se ha preguntado si hay que abrir las compuertas de los embalses aragoneses para que Cataluña vea incrementado el caudal ecológico del Ebro en su territorio. "Uno no puede ir por libre", ha agregado.
En otro orden de cosas, Bermúdez de Castro ha restado importancia a la decisión del Gobierno de La Rioja de recurrir la Ley de Aguas de Aragón ante el Tribunal Constitucional, puntualizando que Aragón pidió informes "a todo el mundo" antes de aprobarla.
ASUNTOS RECURRIDOS
Las principales decisiones que podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo son, por un lado, la extralimitación competencial de la Generalitat de Cataluña al incluir en el Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña todo el territorio de Cataluña, comprendiendo masas de agua de otras demarcaciones hidrográficas intercomunitarias o compartidas, con una anexión indebida de tres acuíferos compartidos con la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
Por otra parte, se adoptan medidas de planificación hidrológica, como la previsión de caudales ambientales referidos a masas de agua incluidas en otras demarcaciones hidrográficas ajenas a las de Cataluña, lo que supone un exceso competencial, ya que la planificación hidrológica debe circunscribirse a una sola demarcación.
Junto a todo ello, la necesidad de que el referido Plan fuera aprobado por la Administración General del Estado y el hecho de que se emitiera el preceptivo informe previo del Instituto Aragonés del Agua exigido por la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón.
