Arguilé confía en que "salga un valiente" que reflote Agrovalle e impulse la industria de transformación

Actualizado 17/06/2009 22:07:21 CET

ZARAGOZA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, confió esta tarde en que "salga un valiente" que "se haga cargo" de la empresa agrofrutícola Agrovalle, firma que ha presentado un concurso de acreedores tiempo después de haber recibido, durante la presente legislatura, ayudas del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza).

Arguilé compareció esta tarde ante la Comisión Agraria de las Cortes de Aragón, donde apostó por impulsar el sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma.

"No nos debemos preocupar en exceso", dijo Arguilé, quien confió en que "otro empresario coja el testigo" y comentó que "de hecho hay ofertas". Gonzalo Arguilé deseó "fervientemente" que "salga adelante" esta empresa y se declaró "optimista" ante una posible compra de la firma por otros empresarios, a lo que añadió que la empresa "es viable".

En su intervención, Arguilé aludió a la dureza del sector agroalimentario, donde el margen de beneficio empresarial suele estar "raído" y aprovechó para criticar la política de concesión de créditos del sector bancario, cuyas condiciones son "duras" actualmente, "yo creo que excesivas", indicó.

Gonzalo Arguilé reconoció que la situación económica de Agrovalle es "delicada" y dijo estar preocupado por la hipótesis de que se presente un expediente de regulación de empleo (ERE), tras lo que indicó que "desde un principio hemos confiado en este proyecto empresarial".

Arguilé aseveró, tajante, que en ningún caso se produjo "trato de favor" hacia esta empresa y como ejemplo dijo que, desde el año 2000, el Departamento ha apoyado, en diverso grado, unas 1.050 proyecto del sector agrario.

De Agrovalle, el consejero dijo que el 22 de marzo de 2007 presentó una solicitud de ayuda dentro de la línea de ayudas públicas para el aumento del valor añadido en el sector, con el objetivo de manufacturar productos preparados. Esta ayuda se hizo efectiva después de que la firma hubiera realizado la inversión y lo hubiera demostrado ante la Administración autónoma.

El montante de la inversión se situaba en 6,5 millones de euros, de los que más de cinco millones los aportaba la empresa, que solicitaba una subvención de 1,43 millones de euros.

Gonzalo Arguilé explicó que estas ayudas nunca se dan "sin meditar" y, de hecho, su concesión implica la aprobación previa de un informe de viabilidad, que a su vez requiere el contraste documental de la información aportada por la firma solicitante, en este caso Agrovalle.

El consejero indicó que bancos y cajas "de gran prestigio por su solidez" apoyaban a Agrovalle y preguntó a los diputados si estas entidades hubieran concedido los créditos si hubieran detectado "una mínima posibilidad" de no viabilidad del pago de los créditos.

Arguilé dijo que la empresa presentó unas estimaciones contables para el periodo 2008-2011, tras lo cual se evaluó el tamaño de la empresa. La conclusión es que la empresa era considerada una pyme, de ahí que la ayuda autonómica equivaliera al 22 por ciento del total.

Las ayudas provenían del FEADER (5,5 por ciento), el Ministerio de Medio Ambiente (MARM) (8,25) y el Gobierno autónomo (8,25 por ciento). Para poder hacer efectivo el pago se comprobaron todas las facturas y justificantes bancarios, en lo relativo a la ayuda del Departamento.

CONCESIÓN DE AYUDAS LEGAL

Arguilé indicó que también Departamento de Economía concedió una ayuda, de tal manera que el Ejecutivo comprobó si el total de las ayudas autonómicas superaba el 40 por ciento del total, arrojando un resultado del 30 por ciento (1,95 millones de euros), por lo que la concesión de las ayudas era legal.

Los actuales propietarios se verían obligados a devolver las ayudas públicas si no cumplen la normativa vigente en esta materia. "Haríamos lo que se hace con todo el mundo", dijo Arguilé, quien puso como ejemplo el caso de las ayudas que se obligan a devolver cuando se conceden subvenciones a jóvenes agricultores que no se incorporan al trabajo agroganadero después de recibir subvenciones con este objetivo.

"La intención es que la empresa salga adelante", continuó Arguilé, quien subrayó que "el dinero público hay que preservarlo" y avisó de que "aquellos que hacen un mal uso" de las ayudas públicas deben devolverlas, en cuyo caso "estaremos los primeros en la fila de los acreedores", si bien confió en que "no ocurra eso".

A esto añadió que "no sería el primer caso" en el que una empresa cambia de titular y salva su situación. Arguilé reconoció que la comunidad autónoma tiene "una espinita, una deuda pendiente", como es el desarrollo de la industria de transformación agroalimentaria en general.

PUESTOS DE TRABAJO EN EL AIRE

El popular Joaquín Salvo, quien había solicitado la comparecencia, confió en que Agrovalle retome sus actividades y "sobre todo, que el dinero público esté preservado", tras lo que aludió a los puestos de trabajo que "están en el aire".

El diputado de CHA Bizén Fuster dijo tener "cierta prevención" ante "los empresarios que arriesgan poco de su capital", aludiendo al hecho de que --según sus datos-- los promotores de Agrovalle invirtieron 60.000 euros y consiguieron préstamos hipotecarios y ayudas públicas millonarios, así como suelos "regalados".

El regionalista Joaquín Peribáñez negó que a cualquier empresario "le resulte poco duro tirar la toalla" y agradeció la intervención del consejero, mientras que la socialista María Pellicer se preguntó si "este agotamiento tan rápido" pudo deberse a "la propia dureza del mercado" de la transformación agraria.


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