Aumenta el ciberacoso de alumnos a profesores y las amenazas de padres a docentes

 
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Aumenta el ciberacoso de alumnos a profesores y las amenazas de padres a docentes

Teresa Hernández  y Laura Alins.
EUROPA PRESS
Publicado 21/11/2016 15:54:11CET

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha presentado el informe del Defensor del Profesor en Aragón del curso 2015-2016, que refleja el aumento del ciberacoso de alumnos a docentes, que representa el 6 por ciento de los 23 casos totales atendidos, y del acoso y amenazas de padres a profesores, el 3 por ciento.

En ambos epígrafes, no se registró ningún caso el curso anterior, han informado en rueda de prensa la presidenta de ANPE Aragón, Laura Alins, y la coordinadora del servicio de Defensor del Profesor en la Comunidad, Teresa Hernández, que han precisado que en el curso 2014-2015 el número de casos atendidos fueron 21, lo que supone un ligero aumento "no porque haya más conflictividad, sino porque el servicio es más conocido", ha dicho la segunda.

Hernández ha explicado que el ciberacoso ha consistido en grabaciones realizadas por los alumnos dentro del centro o en momentos de la vida privada de los docentes, que después se han difundido por las redes sociales con comentarios, mientras que los casos de acoso o amenazas se han registrado especialmente en Primaria.

Han sido ocasiones en las que a través de grupos de WhastApp se ha criticado e incluso "insultado" a un profesor, o se ha promovido la recogida de firmas para actuar contra el docente acudiendo directamente a la Inspección. Como ejemplos ha citado cuestionar los contenidos impartidos para preparar a los alumnos para la Selectividad o que el docente escribe "demasiado pequeño en la pizarra".

Hérnandez ha dividido en tres grupos los problemas manifestados por los profesores que han acudido a este servicio. En el grupo de los relacionados con los padres, además de lo ya mencionado, han aumentado las denuncias de padres, que suponen el 3 por ciento frente al 2 del curso anterior, mientras que la presión para el cambio de calificaciones ha bajado del 9 al 3 por ciento.

La Defensora del Profesor ha aclarado que "los casos de agresiones físicas graves no llegan a nosotros porque es el centro el que se encarga de poner la denuncia por la vía judicial".

ESCOLARES Y DOCENTES

En el segundo grupo, los problemas entre escolares y docentes, ha habido un 6 por ciento de ciberacoso, otro 6 por ciento de agresiones y un 3 por ciento de daños a la propiedad, además de que el 12 por ciento de los casos atendidos han sido por problemas para dar clase --un 4 por ciento más que el curso anterior--, y el 9 por ciento por faltas de respeto.

Respecto al tercer grupo, los problemas entre profesionales, el informe indica que han aumentado los que se dan entre compañeros, que representan el 9 por ciento, así como con la dirección del centro, que suponen el 27 por ciento, y problemas con la Administración, el 9. También ha tenido lugar una subida en la apertura de expedientes disciplinarios, que ha afectado al 3 por ciento de los casos.

La coordinadora de este servicio ha apuntado que los equipos de dirección no son un cuerpo especializado, sino un docente más, al que solo se le exige un curso, al tiempo que ha comentado que a veces se les obliga a ejercer de "moderador" entre padres y profesores, cuando, a su juicio, todos "deberíamos ir en el mismo barco".

Además, ha comentado que, en ocasiones, quienes acuden a este servicio "no nos dejan ir más allá" para ejercer la intermediación en el centro, "respetando la intimidad del docente". También ha dicho que a las personas que entran en contacto con ella se les ofrece asesoramiento jurídico y psicopedagógico.

Teresa Hernández ha precisado el 96 por ciento de los docentes atendidos trabajan en un centro público, algo que ha achacado a la implantación de este sindicato en este sector y ha manifestado que los motivos de los casos que llegan de la concertada son similares a los de la pública, aunque su número sea mucho más reducido.

Por nivel educativo, el 29 por ciento de los casos se han dado en centros de Infantil y Primaria, el 46 de Secundaria, el 13 por ciento en Formación Profesional Básica, el 8 por ciento en ciclos formativos y el 4 en el resto de enseñanzas.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

El informe del Defensor del Profesor precisa que el 57 por ciento de las personas atendidas presentaba ansiedad, el 14 depresión y el 29 estaba en situación de baja laboral.

En este punto, Hernández ha reclamado que la ansiedad y la depresión derivadas del acoso se consideren enfermedad profesional y ha advertido de que "el daño que producen unos pocos llega a muchos" ya que además del "sufrimiento personal" del docente, se traduce en bajas laborales que habría que evitar actuando a tiempo, ha estimado.

Por lo que respecto a este curso, ya ha habido algunos casos, uno en tramitación por agresión física, del que no ha querido aportar más detalles, y otros relacionados con cuestiones Administrativas. El teléfono del Defensor del Profesor de ANPE es el 640 157 742.

FALTA DE VALORACIÓN

La coordinadora del servicio ha enfatizado que "no se da valor al desarrollo de la función docente", además de que estos profesionales no se sienten apoyados por la Administración, ni por la dirección de los centros.

Desde ANPE han propuesto elaborar un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, liderado por el Ministerio de Educación, que incluya un programa de prevención mediante la aceleración de los protocolos y la detección precoz, así como la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.

El plan debería suponer, asimismo, el cumplimiento de los decretos de convivencia, así como de las normas de conducta establecidas en los centros; el desarrollo en todas las Comunidades de la consideración de la autoridad pública de los docentes y, en el caso de Aragón, donde ya se cuenta con una ley en este sentido, su "cumplimiento" ya que según han constatado desde ANPE hay docentes que "no saben qué supone".

Además, el plan estratégico tendría que contemplar la formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos y la garantía de su protección jurídica, así como la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional, junto con asistencia psicológica gratuita y el tratamiento rehabilitador para los agresores.

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