Comienza la reforma de la Ley de Vías Pecuarias, que simplificará los trámites burocráticos

Actualizado 17/12/2013 22:44:29 CET

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha conocido este martes el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Vías Pecuarias, que simplificará los trámites burocráticos para garantizar una adecuada protección de los valores de estas vías para ganado.

Se trata de una nueva reforma legislativa que emprende el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para cumplir con el compromiso adquirido por este Gobierno de simplificar la normativa vigente para eliminar obstáculos en la gestión y reactivar la economía y el empleo.

Bajo esta premisa se ha llevado a cabo la modificación, con el fin de avanzar por una vía más eficaz y eficiente, en cuanto a la protección, defensa y gestión de las vías para el ganado en Aragón.

Por todo ello, se pretende simplificar los trámites administrativos en diversos procedimientos, reducir plazos, mejorar la concreción de diferentes procedimientos y aclarar diversos conceptos de forma que se facilite la defensa de las vías pecuarias y su disfrute, siempre que sea compatible con una adecuada protección de sus valores naturales.

Con esta reforma se simplificará el procedimiento en la declaración de estas vías de especial interés. Hasta la fecha no se ha declarado ninguna y con la simplificación se espera que sea más fácil hacerlo.

Se aclarará el concepto de clasificación para mejorar su conservación, se dará la posibilidad de que puedan agruparse clasificaciones de vías pecuarias en varios términos municipales. Así, en un solo trámite administrativo se puedan clasificar las vías pecuarias de dos o más términos municipales, lo que supone un incremento de eficacia administrativa.

Se simplificarán los procedimientos de modificación de trazado y se reducirá el plazo máximo para su resolución de nueve a siete meses. Las ocupaciones de vías pecuarias podrán concederse por un plazo máximo superior al hasta ahora existente, de forma que podrá ser de diez años, en lugar de cinco.

Al mismo tiempo se reduce el plazo máximo de resolución de seis a cinco meses. De esta manera se facilitan las iniciativas que puedan darse en el territorio. El nuevo texto de la Ley podría llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria en los próximos meses.


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