En Común pide el apoyo de la DPZ a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Sánchez Quero hablando con Miramón y Compés antes del pleno de la DPZ
EUROPA PRESS
Publicado 12/12/2017 12:15:57CET

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial En Común presentará este miércoles en el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) una moción en la que reclama que las corporaciones locales que cumplan con los criterios de estabilidad puedan reinvertir su superávit fiscal en la prestación de los servicios públicos y, para ello, reclama que se reforme la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con esta moción, En Común buscará el apoyo del pleno de la DPZ para promover la reforma de la citada ley y del artículo 135 de la Constitución española. "La consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que queda sometida el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas está provocando evidentes perjuicios a los entes locales, las administraciones más cercanas a los ciudadanos", ha indicado el portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón.

En su opinión, "es necesario modificar el actual articulado, abriendo en el mismo la puerta a que aquellos ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el periodo de pago de la deuda comercial, puedan reinvertir su superávit fiscal en los servicios públicos de su competencia".

En Común ha recordado que, según el actual articulado de la ley, han sido las corporaciones locales las que han asumido con "mayor exigencia y responsabilidad" el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, "restringiendo a partir de la regla de gasto las actuaciones sociales y debilitando los servicios públicos fundamentales, marcando como prioridad absoluta a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos".

"Las negativas consecuencias para nuestros ayuntamientos de esta ley son evidentes, desde la fuerte limitación que supone para el incremento del gasto social, más allá del superávit o remanentes de tesorería que puedan presentar las corporaciones, al impacto negativo sobre el crecimiento económico", ha recalcado Miramón.

Miramón ha estimado que "la obligación de cumplir con la actual ley en los términos en los que se encuentra redactada supone no sólo una importante injerencia en la autonomía local, especialmente complicado de justificar en un contexto en el que la mayoría de los ayuntamientos presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería, cumplen con los límites de deuda, respetan el límite de pago a proveedores y, sin embargo, no pueden dedicar el saldo positivo al gasto social o nuevas inversiones".