Las Cortes apuestan por la recuperación de los saltos hidroeléctricos ubicados en Aragón y su gestión pública

Publicado 22/03/2018 20:26:36CET

ZARAGOZA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido al Gobierno autonómico que comparezca en los expedientes de extinción y reversión de saltos hidroeléctricos que sean incoados por la Confederación Hidrográfica del Ebro y realice una estrategia coordinada con los territorios y, especialmente, con los municipios afectados por las infraestructuras hidroeléctricas, en sus demandas y para la recuperación de los saltos hidroeléctricos y su gestión pública.

También ha solicitado al Ejecutivo autonómico que realice en tres meses un plan de reversión y explotación directa de los saltos hidroeléctricos con las concesiones ya extintas y las que lo serán hasta el año 2020 y antes de final de año un plan de recuperación del resto de saltos hidroeléctricos.

Además, el Gobierno de la Comunidad deberá presentar en las Cortes un informe jurídico, en el plazo de seis meses, sobre la viabilidad de reversión de los saltos hidroeléctricos que tienen una concesión de 50 años o más y previa a su fecha de finalización.

También se le insta a solicitar al Gobierno de España las concesiones de explotación de los saltos hidroeléctricos situados en Aragón como resultado del plan de reversión "a fin de que sus beneficios pasen a ser de titularidad pública para poder ser utilizados bajo criterios de vertebración territorial, económica y social".

Asimismo, se pide que el Gobierno de España efectúe las adiciones y modificaciones necesarias en la legislación vigente para garantizar el procedimiento de reversión, así como su adaptación a los planes hidrológicos, el pago por el uso de montes públicos, y que se pueda invertir la energía reservada en los espacios donde se ubican estas instalaciones.

Todo esto acompañado de un estudio de los usos de la energía de cara al uso eficiente, su funcionamiento bajo las consignas del operador del sistema "para evitar abusos del mercado eléctrico" y una mayor penetración de energías renovables no gestionables, así como para el uso de los beneficios generados con fines de restitución, vertebración territorial e interés general.

ENERGÍA RESERVADA

Las Cortes también han reclamado exigir a las empresas concesionarias, hasta el momento de la extinción de las concesiones de los saltos de agua, el pago de las energías reservadas correspondientes al periodo en el que estas compañías han mantenido las concesiones, así como aquellas que a las que todavía no se les han extinguido.

Además, han reclamado que el Gobierno central modifique la normativa que regula el Impuesto de Actividades Económicas para que los saltos hidroeléctricos que han pasado a titularidad estatal no estén exentos de pagar ese impuesto a los municipios.

La iniciativa, de Podemos y enmendada por PSOE y Partido Aragonés, ha contado con 37 votos a favor de estos tres grupos, y del mixto --CHA e IU-- y 26 abstenciones de PP y Ciudadanos.

El diputado de Podemos, Román Sierra, ha explicado que unas 50 concesiones hidroeléctricas van a caducar y pueden volver a ser gestionadas por la Administración pública, algo que permitiría "hacer políticas energéticas diferentes, una producción más barata de la energía", reducir la tarifa de la luz, "y revertir los beneficios en el territorio y en el conjunto de la ciudadanía".

Según ha dicho, es momento de reivindicar "lo que es de todos para todos" y de defender "la dignidad y compensación de los municipios afectados por estos saltos" que han sufrido "despoblación y malas comunicaciones", así como "falta de alternativas económicas". Por eso, ha apostado por plantear una estrategia conjunta para esa reversión y "avanzar hacia un nuevo modelo económico y energético de Aragón".

VOLUNTAD DE NEGOCIAR

El diputado del PP, Ramón Celma, ha mencionado que su partido en el Congreso tiene "voluntad de negociar" una proposición de ley de Unidos Podemos en esta materia y ha apelado a "influenciar" en los Ministerios de Medio Ambiente y Energía "para que se dé a cada uno lo que le corresponde" y que los municipios "puedan visualizar los beneficios", para recordar que en Aragón "hay más de cien centrales hidroeléctricas".

El diputado del PSOE, Enrique Pueyo, ha apostado por que el Gobierno "gestione los saltos hidroeléctricos" y que el Ejecutivo central "se ponga con este asunto y garantice el pago a los ayuntamientos y a la Comunidad por la ocupación de montes", así como que haya "una restitución" ya que "los territorios rurales estamos hartos" por el "perjuicio" sufrido.

La parlamentaria del Partido Aragonés, Elena Allué, ha manifestado que los saltos que se vayan a revertir al Estado "no deben volver a sacarse a concesión" y ha reclamado "la restitución económica y social de los beneficios en favor de los territorios" porque "llevamos muchos años viendo marcha a la gente de nuestros pueblos" por la explotación de recurso naturales "que son nuestros", para apuntar que en la provincia de Huesca "genera electricidad por valor de unos cien millones de euros al año".

El diputado de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha explicado que "estamos por la participación de las entidades locales en los beneficios y no solo en los perjuicios", que, además, "no fueron correctamente calculados". Según ha señalado, una parte de los beneficios debe ir a los planes de restitución y por eso ha estimado que esto habría que incluirlo en los siguientes pliegos de condiciones de las concesiones, "pero para eso se deberían haber modificado la ley de Aguas, la ley de Montes y los diferentes planes hidrológicos de las demarcaciones".

La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha pedido "trabajar en la reversión a lo público" porque "es una cuestión de justicia social" ya que "el agua es un derecho, no es un negocio", cuando las grandes eléctricas "han hecho negocio" con estos saltos por las concesiones de 40 y 50 años, con unos "beneficios escandalosos", mientras los territorios "han sufrido las repercusiones negativa".