Las Cortes urgen al Gobierno a realizar la contratación con criterios sociales y de género

 

Las Cortes urgen al Gobierno a realizar la contratación con criterios sociales y de género

Actualizado 22/05/2017 13:11:55 CET

ZARAGOZA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Administración Pública y Presupuestos de las Cortes de Aragón ha urgido este lunes al Gobierno regional a realizar la contratación pública autonómica "con criterios sociales, medioambientales, de innovación y de género" y remitir al Parlamento un repositorio de cláusulas "de manera inmediata".

También ha propuesto al Ejecutivo que trabaje en la Ley de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma para mejorar las condiciones laborales y medioambientales, al aprobar uno de los tres puntos de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos enmendado por Cs, grupo que ha abogado por facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos.

En los puntos rechazados, la formación morada ha propuesto revisar los contratos para comprobar que las empresas que trabajan para la Administración autonómica cumplen la legalidad vigente, como la obligatoriedad de contar con un Plan de Igualdad, en el caso de las empresas de 250 trabajadores o más, y en su caso tomar las medidas que la legislación permita.

Podemos ha pedido, asimismo, impulsar un órgano colegiado con las Administraciones Públicas, los representantes de los trabajadores y la ciudadanía para garantizar "no solamente la satisfacción en el servicio prestado, sino también la calidad de los puestos de trabajo" y que realice propuestas de cláusulas para incluir en nuevos pliegos, controlar las políticas de contratación pública, verificar el cumplimiento de los pliegos durante el desarrollo de los contratos y proponer mejoras.

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha recordado que la cámara ha consensuado estas políticas de contratación pública y que ya se han transpuesto las directivas de la UE en esta materia, considerando que la introducción de estas cláusulas puede conllevar "un cambio sustancial" en la contratación pública, que por otra parte debe acometerse "desde la transparencia" y los "incentivos a las nuevas prácticas".

"A ver si, realmente, hacemos lo que decimos y vamos por el camino adecuado en cumplimiento de las directivas europeas", ha continuado la diputada, apuntando que "se han ido dando pequeños pasos". Ha comentado que este es uno de los puntos que recoge el acuerdo de investidura del PSOE y Podemos.

De Santos ha lamentado que el 70 por ciento de las empresas obligadas a confeccionar planes de igualdad no los han elaborado, de ahí la propuesta de crear un órgano colegiado que supervise la contratación.

INICIATIVA EN MARCHA

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha tildado la iniciativa de "declarativa" y ha indicado que su partido ya recomendó que hubiera un funcionario responsable de cada contrato para aplicar las medidas ya reguladas. La iniciativa "no aporta nada nuevo", ha añadido.

Desde el PSOE, Alfredo Sancho ha señalado que "el Gobierno de Aragón está trabajando y tomando la iniciativa desde el principio de la legislatura", por lo que ha considerado "reiterativo" el texto, añadiendo que la legislación ya obliga a las empresas de más de 250 empleados a disponer de planes de igualdad.

La aragonesista Elena Allué se ha mostrado de acuerdo con el espíritu de la moción, subrayando que se necesitan más recursos y más control, así como reformar la Ley de Contratos Públicos, aunque ha calificado la iniciativa de "declaración de intenciones".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha opinado que esta es "una cuestión de compromiso" y que es un asunto con "muchísimo potencial", puntualizando que la contratación pública no puede ser un fin en sí misma, tras lo que ha pedido que se facilite el acceso de las pymes a la misma. Ha expresado que el 7 de abril se publicó una Orden por la que se plantea la creación de una central de compras y otras medidas.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha dicho que primero se debe aprobar una ley en el Congreso de los Diputados para evitar que después haya problemas de inconstitucionalidad. También ha expuesto que los planes de igualdad ya son obligatorios.


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